El grupo legislativo del PRI subió a tribuna para exigir que se apruebe la reforma al Código Penal, específicamente las modificaciones que permitan sancionar a todo aquel que discrimine a trabajadores del sector salud.
Durante la sesión para reconocer al personal médico por su lucha contra el Covid-19, los priistas reprocharon la incongruencia que existe, toda vez que se trata de un sector al cual se le aplaude, pero al mismo tiempo se le vulneran derechos laborales, además de que no se implementan acciones para garantizar su seguridad.
Karina Careaga Pineda, diputada presidenta de la Comisión de Salud, emitió un extrañamiento contra el secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Argüello, ya que al personal de salud se le niegan derechos laborales, incluso se le hace firmar contratos por meses o días para evitar que genere antigüedad.
Desde antes de la contingencia ya sufrían de carencia de material básico, ahora de material protección y que quienes se ampararon ante gobierno federal para que se les dotara de insumos sufrieron nuevas agresiones ya que se les ordenó cambio de circunscripción para obligarlos a atender directamente a personas con Covid-19. Se suma que cuando por enfermedad falta personal, se les obliga a crecer a más del doble sus jornadas.
Tampoco el gobierno del estado ha atendido el exhorto que se emitió desde la Legislatura para otorgar al personal médico estímulos económicos por la labor que realizan durante la contingencia sanitaria.
De la reforma
En el artículo 293 del Código Penal, se establecieron sanciones de tres a cinco años de prisión y hasta seis meses de trabajo comunitario contra quien agreda al personal médico que labore en instituciones de salud públicas o privadas, así como para proteger al personal de emergencia, de Seguridad Pública, de Protección Civil, y de las corporaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos.
En la reforma también se contemplaron sanciones de hasta cinco años de prisión a quien no respete restricciones de movilidad y de hasta seis a quien viole el periodo de aislamiento, a sabiendas de estar contagiado. También se establecieron sanciones contra quienes convoquen a manifestaciones, saqueos, o que busquen impedir la realización de obras.
La CNDH incluso adelantó que consideraba realizar una demanda de acción de inconstitucionalidad al estimar que la reforma criminaliza a la sociedad en el periodo de la pandemia y vulnera derechos humanos.
El 2 de julio, el gobernador vetó la reforma, de manera que ésta deberá turnarse nuevamente a comisión y pasar por todo el trámite legislativo.