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Querétaro es la entidad federativa mejor evaluada en el ranking nacional de avance en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, señaló el grupo de análisis México Evalúa.
Durante la séptima edición del reporte “Hallazgos, seguimiento y evaluación al sistema de justicia penal”, presentado ayer, se aseguró que los resultados muestran que el sistema acusatorio tiene avances y que es significativamente mejor que el inquisitivo, con una mayor protección de los derechos de víctimas e imputados.
Por séptimo año consecutivo, el estudio “Hallazgos” muestra una actualización de los datos sobre la operación del sistema de justicia estado por estado.
En esta edición, el Índice de Impunidad Estatal mostró una media nacional de 92.4%. Este indicador se aproxima a un registro de la efectividad con la que las instituciones de procuración e impartición de justicia responden a la comisión de delitos y cómo los resuelven.
Los niveles más bajos de impunidad se registraron en Baja California (67.1%), Guanajuato (74%), Yucatán (83.8%) y Querétaro (85.2%).
Las entidades con los niveles más altos son Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%).
Mientras que, de acuerdo con el ranking nacional, se observó un rezago en la consolidación del sistema de justicia penal, pues en 2019 ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos.
Querétaro fue la entidad con mayor avance, seguida de Baja California, Chihuahua y Nuevo León.
Los estados peor evaluados, en términos de sus condicionantes, fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
El sistema de justicia en el país, dice el reporte, requiere de una mejora en la operación, pues la escasa resolución de casos y la saturación que provocan los delitos de bajo impacto —comúnmente robos—, dejan pendiente la atención de los fenómenos que más lastiman a la sociedad: desapariciones, homicidios, feminicidios, entre otros.
Con la séptima edición de Hallazgos, agrega el reporte, “confirmamos cómo el sistema de justicia penal se encuentra aún en un estado de inmadurez, con una característica general, la falta de liderazgo político y de voluntad para consolidarlo. Esto sin duda debe ser transformado para encauzar un camino común”.
“La mirada a detalle que supone este reporte permite encontrar señales de esperanza en el actual sistema que deben ser identificadas a plenitud, promovidas y reproducidas, con el fin de subsanar paulatinamente los grandes pendientes en materia de justicia”.
Este ejercicio se hizo en un observatorio de audiencias y sentencias judiciales. Se observa como constante que el ámbito de protección de los derechos de víctimas e imputados obtuvo altas calificaciones, especialmente en las audiencias iniciales y de ejecución con 7.4 y 7.8 respectivamente (en una escala de 0 a 10).
En tanto, el análisis de las resoluciones judiciales permitió estudiar la figura del amparo y su impacto en el sistema adversarial; dejando entrever que su existencia tiene una repercusión directa y positiva en la protección de derechos, principalmente en el derecho a la verdad y a la justicia (con una calificación de 7.7), el de presunción de inocencia (con 7.1) y a una defensa adecuada (con 5.5).
