Por tercera ocasión legisladores buscan modificar el Código Penal del Estado de Querétaro en sus artículos 288 y 289, al considerarlos violatorios al derecho a la libertad de expresión y de reunión.
El código ya había sido reformado el año anterior donde, las modificaciones previas provocaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DDHQ) promovieran acciones de inconstitucionalidad, mismas que aún se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se propone reformar el artículo 289, que actualmente establece que a quien impida la ejecución de una obra o trabajos públicos se le imponga una sanción que va de 1 a 2 años de prisión y multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o trabajo comunitario hasta por cuatro meses.
La modificación propone que las penas del artículo 289 se apliquen si es que quien impide la ejecución de obra o trabajos públicos usa la violencia física.
Por otra parte en el artículo 288 se establece que a quien por amenazas o violencia se oponga a que la autoridad pública o sus agentes o se resista al cumplimiento de un mandato de autoridad se enfrentará a prisión de 2 a 4 años y hasta 500 veces el valor de la UMA, o trabajo a favor de la comunidad, sanciones que crecerán en hasta una mitad si se ejecutan contra autoridades de servicios de salud.
La reforma propone que la pena sea de 2 a 4 años de prisión y hasta 80 veces el valor de la UMA, o trabajo a favor de la comunidad y se establece que crecerán las penas hasta en una mitad más cuando se actúe en una emergencia sanitaria contra el personal de salud, seguridad, protección civil.
La presidenta de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DDHQ), Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, indicó que los legisladores del PAN le solicitaron asesoría antes de promover los cambios.
“Esa Comisión indicó que quería hacer una modificación a efecto de subsanar todas esas violaciones… ahora vamos a esperar la publicación en La Sombra de Arteaga de esas modificaciones”, destacó.
La comisión aprobó reformar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la ley orgánica del poder legislativo estatal, afirmando que con esto se acelerarán los procesos, se ajustarán los montos, se respetarán los convenios colectivos, además de que en lugar de que se analicen las solicitudes en la Legislatura serán las propias dependencias las responsables.