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El dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz, rechazó que se realice un procedimiento para destituirlo, como se llegó a mencionar en redes sociales.
Confirmó presencia de personal del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la entidad para realizar procesos de fiscalización, pero rechazó que se tratara de un procedimiento para buscar su destitución, toda vez que se trata de una acción normal, y remarcó que al interior de su partido existe transparencia.
Acto seguido, compartió el comunicado que se le remitió para informarle de la diligencia que se efectuaría en el comité estatal.
El documento del CEN, con fecha 15 de octubre, establece que la revisión se programó para dar cumplimiento a los programas de trabajo y objetivos de la dirigencia nacional, de tal forma que Lisbeth Hernández Lecona, contralora general del PRI, designó para la revisión en Querétaro a Willver Mota Marino, subcontralor del órgano de control, así como a Miguel Ángel Jiménez Juárez y Rita Laura Alejandro Beltrán, asesor jurídico y coordinadora de auditoría, respectivamente.
Con la auditoría se revisará la labor que se efectuó en el comité estatal del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019, y se indica que una pasada diligencia se rechazó, con ella se revisarían las cuentas del 1 de enero al 1 de diciembre de 2018.
En el documento se ahondó que se trata de un esquema para comprobar que la labor que se realiza en el comité queretano realmente cumple con los lineamientos de honradez y austeridad a los que obliga el partido político.
“El objetivo de la auditoría será verificar y comprobar que el origen y aplicación de los recursos, de los activos, pasivos, patrimonio y de su administración respectiva a cargo del Comité Directivo, se hayan realizado de acuerdo con la normatividad que le corresponda, y con base a criterios de eficiencia, transparencia y honradez en términos de economía, racionalidad, austeridad y control”, remarcó el documento que emitió el CEN.
En un comunicado posterior del Comité Estatal del tricolor, se remarcó que no existe procedimiento alguno en contra de la dirigencia estatal, y que se contestará a los requerimientos de la Contraloría, que se revisó recursos ya fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral y que la auditoría derivó de quejas presentadas por algunos militantes.
