Fue rechazada la iniciativa para reformar el artículo 3 de la Constitución Política del estado de Querétaro, que ingresó la diputada de Morena, Laura Polo Herrera, que pretendía añadir varios párrafos en los que se duplicaban algunos conceptos y que además buscaba que el estado asumiera una política financiera para dar cobertura de agua a lugares que, incluso, se encuentran de manera irregular.
“En este caso los términos en los que morena plantea la iniciativa forzarían al estado a asumir una política de financiamiento que no es posible, que no es prácticamente posible de absorber, entonces, no tendría una viabilidad en la práctica, a pesar de que pudiera engordar el articulado”, comentó la presidenta de la comisión de Puntos Cnstitucionales, Tania Palacios Kuri.
En ese contexto, la diputada dijo que el derecho al agua ya estaba garantizado en la Constitución Política del estado de Querétaro, es parte de los derechos humanos de los ciudadanos y “de ninguna manera se trata de rechazar el hecho de que el agua es un derecho humano que está contemplado en la constitución política de los estados unidos mexicanos, ya lo dice la Carta Magna, simplemente las condiciones en las que se plantea no son viables ni técnica ni financieramente”, comentó la diputada.
Al recordar que Querétaro es el único estado del país que no tiene ninguna Ley de Aguas, la legisladora dijo que dentro de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) está el proyecto para fortalecer el derecho humano al agua, el cual estará trabajando en breve.
“(El proyecto) pretende reformar el artículo 2 de la CPEQ para incluir la obligación de las autoridades estatales en materia de prevención, de sanción y de erradicación de la violencia política en contra de la mujer para poder salvaguardar los derechos político electorales y a partir de esto que las leyes que emanen de la constitución puedan dilucidar cuáles Van a ser las medidas oportunas que se deban tomar en consideración en esta materia”.
En ese sentido, la presidenta de la comisión comentó que dentro del proyecto se contemplan diversas acciones para el cuidado del vital líquido como sanciones que se pudieran integrar al Código Penal o alguna pena de tipo administrativo.
“Podrían ser sanciones oportunas, aumento a la penalidad de las sanciones, ver qué reformas se ameritarían incluso para el mismo Código Penal o para de manera administrativa para otras instancias, de momento lo que se hace es elevarlo a rango constitucional para que otras leyes puedan tomar la directriz en la materia”.