La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 59 Legislatura del estado desechó asentar en ley que en casos de pandemia todas las instancias gubernamentales deban contar con horarios flexibles para cuidar a su personal y tener medidas para proteger a quienes pertenecen a los sectores de riesgo.
La iniciativa proponía reformar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para adicionar el artículo 33 Ter.
La diputada María Guadalupe Cárdenas Molina, del PRI, afirmó que ingresó la iniciativa para garantizar que durante situaciones similares los entes gubernamentales priorizaran la salud de sus trabajadores y las familias de estos, de tal forma que generaran horarios flexibles, además de tener como prioridad proteger a todo el personal, particularmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
El diputado de Morena y presidente de la comisión, Néstor Domínguez Luna, expuso necesario dar certeza a los trabajadores de gobierno respecto a que por Ley estarán protegidos con esquemas de horarios flexibles, en caso de que vuelvan a ocurrir situaciones como la provocada por el Covid-19.
Al reformar la ley ya no estarían a expensas de que la autoridad en turno emita un decreto para que se adopten los esquemas y horarios laborales a la situación en la cual se encuentre Querétaro.
Remarcó que la reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro impactaría únicamente a quienes laboran dentro de alguno de los entes gubernamentales.
La iniciativa, por tanto, impactaría a trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
El diputado panista, José González Ruiz, consideró innecesario aprobar la iniciativa, toda vez que las autoridades actuaron conforme a la situación lo demandaba.
Destacó que también se observó un ajuste en los horarios y modos de operar de las empresas asentadas en Querétaro.
En la sesión también se rechazó exhortar a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) a que garantice que respetará los derechos de los trabajadores.
Domínguez Luna estimó que el exhorto resultaba necesario, toda vez que trabajadores le han reportado que sus solicitudes permanecen sin respuesta hasta por 2 años y que cuando al fin obtienen respuesta es en sentido de rechazo; se trata de una anomalía toda vez que, por ley, el tiempo máximo de respuesta debería ser de 10 días.
Este año se reformó la Ley de los trabajadores, para que sean los entes y no el Congreso los que analicen cada una de las solicitudes de pensión.