Para reformar el Código Penal del estado se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y además se contó con el aval de las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso local, declaró Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El comunicado que emitió la Subsecretaría de Gobierno se contrapone con la reunión que los presidentes de las Jucopo del país sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la mañana del lunes, en la que se hizo un llamado a los estados a realizar las modificaciones necesarias para armonizar sus constituciones con las reformas federales en materia de paridad de género.
En la reunión se hizo un llamado respetuoso para que el gobierno federal emita a los estados acciones inmediatas para el rescate de la economía y que les destine recursos extraordinarios en materia de salud, pero en ningún momento se abordó la reforma implementada al Código Penal del estado.
Se le planteó a la funcionaria que los gobiernos estatales enfrentan la pandemia con recursos propios, a lo cual Sánchez Cordero indicó que “se harían gestiones ante el Presidente de la República”.
La publicación con el llamado a Querétaro se dio horas después de esa reunión, por lo cual estimó que alguien pudo aprovecharse de la buena fe de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, para tratar de generar un escándalo partidista, en lugar de ver por el bien de los queretanos, dijo el diputado panista.
No se le informó al secretario que la reforma incluso contó con aval de Morena, toda vez que la votaron a favor 24 de los 25 diputados que integran la Legislatura y que el único que la votó en contra fue quien pudo haberle dado información errada al subsecretario, detalló Torres Olguín.
Remarcó que las reformas constitucionales se aprobaron para ayudar a quienes en los hospitales dedican y exponen su vida en la lucha contra el Covid-19, y a disminuir los riesgos de contagio que provocan quienes se niegan a dejar de salir a la calle. También se implementaron otras medidas a favor de la población, entre ellas crecer las sanciones ante la violencia intrafamiliar.
Por separado, la coordinadora del grupo legislativo del PRI, Abigail Arredondo Ramos, estimó que era necesario crecer en Querétaro las sanciones dentro de la lucha contra el Covid-19.
Valoró que muchos ciudadanos habían aligerado las medidas de prevención, pese a estar, dijo, en los momentos más críticos de la pandemia.