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A puerta cerrada y sin la presencia de la prensa, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH), entregó a la 59 Legislatura local su informe de actividades, en el cual indicó que durante 2020 se realizaron 3 mil 150 asesorías y se atendieron 562 quejas.
En el documento que se elaboró con motivo del informe se indicó que las quejas se tradujeron en 932 incidencias por probable vulneración de derechos, y éstas en mil 461 incidencias de posibles derechos vulnerados, aunque remarcando que, tras la investigación, una queja puede implicar la afectación a más de un derecho, pero también puede determinarse que no existió vulneración.
De las quejas presentadas, en 59.5% de los casos se determinó que no existieron derechos vulnerados, en 12.74% hubo desistimiento y en 16.72 % se llegó a una conciliación, o bien fue resuelto durante el trámite.
De las 932 incidencias por probable vulneración de derechos humanos, 381 se detectaron en materia de legalidad y seguridad jurídica; 181, en igualdad y trato digno; 170, en integridad y seguridad personal; 66, en materia de libertad; 38, en protección a la salud, y 15, en educación.
En las mil 461 incidencias por probable violación a derechos humanos, 198 fueron por prestación indebida del servicio público y ejercicio indebido de la función pública; 86, por lesiones; 93, por actos y omisiones contrarios a la legalidad, y 92, por empleo arbitrario de la fuerza pública.
Una queja, dijo, también puede ser presentada por alguien que pertenezca a más de un grupo catalogado como vulnerable, esto al detallar que en vulnerabilidad se detectó a las personas que presentaron 276 quejas; de quienes las ingresaron 114 fueron presentadas por personas privadas de su libertad; 50, por niños o adolescentes; 36, por adultos mayores; 21, por mujeres víctimas de violencia; 11 por personas indígenas; 11 más, por personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual (LGBTTTI), y 10, por personas con discapacidad; ocho, contra personas defensoras de derechos humanos; siete, contra personas con VIH-Sida; cuatro, contra periodistas, y dos, contra migrantes.
Derivado de las quejas, 47 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos; en cuanto a la incidencias, las instancias denunciadas fueron las estatales y el IMSS.
