La legisladora local Elsa Méndez Álvarez acusó a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) de violar su derecho a la libertad de expresión, religiosa y de pensamiento.
La afirmación la dio unos días después de que la defensoría diera a conocer que Méndez vulneró los derechos de la comunidad LGBTI+ al manifestar públicamente su oposición a las parejas del mismo sexo.
Méndez Álvarez también denunció que su familia y su persona han sido blanco de un discurso de rencor e intransigencia de quienes, acusó, imponen una educación que viola la Constitución Política, pues se fundamentan en creencias de ideologías que no se basan en el progreso científico.
Subrayó que su deber constitucional como diputada es luchar contra ese tipo de hostilidades y parcialidades. Afirmó que mediante ataques de violencia y odio, se ha tratado de dejar en silencio a las voces del respeto y la cordura social, lo cual expresó no permitirá y mantendrá firme su convicción de ejercer su derecho a la libertad religiosa y de profesar su fe, así como a la libertad de pensamiento y de expresión, como derecho humano que consagra la Constitución.
“Es mi derecho a manifestar libremente mis ideas y creencias, sin que se me pueda restringir el derecho de expresión, por el uso de controles oficiales o particulares o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación de ideas y opiniones, y bajo ninguna circunstancia ser reconvenida ni enjuiciada por ello”, sostuvo la diputada.
Julio Aldape, defensor de Méndez Álvarez, reprobó el hecho de que la Defensoría Estatal diera a conocer a los medios de comunicación el documento de reparación de daños, pese a que primero debió notificar legalmente a la legisladora, de ahí que ante cualquier recomendación del órgano estatal se recurriría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entre las medidas que analiza se encuentra presentar una queja, ante la misma defensoría, por la discriminación contra la diputada; además se solicitará que se destituya a la presidenta de la DDHQ, Roxana Ávalos Vázquez.
Para la destitución se podría recurrir a dos caminos, el primero: solicitar a la Legislatura que se le remueva por violar la Ley en Derechos Humanos y la propia Constitución; el segundo, solicitar que se le inicie un juicio político por pretender “amordazar en sus opiniones a un diputado”.
En el expediente en DDHQ contra la diputada, dijo, no existe prueba alguna que demuestre la supuesta discriminación que cometió en contra de la comunidad LGBTI+.
Realizó un atento llamado a la defensoría para que reconsidere su actuar y que se apegue a la Constitución. Dijo que el artículo 9 de la local y 61 de la federal, establecen el derecho de manifestar su opinión en su carácter de diputada, por lo cual no puede ser juzgada, ni reconvenida.