La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) sigue sin pedir intervención al gobierno del estado para resolver el paro impulsado por estudiantes ante los presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual, y que lleva más de una semana, sin tener aparente avance, informó la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
La funcionaria estatal aseveró que existe disposición de todas las instancias de gobierno del estado para colaborar en caso de que así se le solicite.
Refirió que ha entablado pláticas vía telefónica con la rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca, en las cuales ha informado que ya les fue entregado el pliego y que al momento no reanudarán clases.
“No pide intervención o colaboración en este momento por parte de la universidad (...) Ellos han decidido resolver el conflicto al interior las propias autoridades universitarias”.
Recalcó que por parte de la Secretaría de Gobierno y de todas las dependencias estatales existe total apertura para atender los asuntos en los términos que la universidad solicité, tal y como dijo, ha sido siempre.
Murguía Gutiérrez no considera que este tipo manifestaciones o delitos se presenten en las escuelas a cargo del estado, ya que, confirmó, están realizando acciones preventivas, sobre todo para atender las diferencias forma oportuna.
“Estamos atentos con todos los directores por parte de las universidades estatales para mantener la cercanía y la comunicación, tanto con el personal académico como con los alumnos y que de esta manera, si hay inconformidad, si podemos atender algún aspecto, lo podamos hacer sin que nos encontremos en situaciones de tensión”, puntualizó.
El movimiento de la UAQ inició el pasado viernes 30 de septiembre en el campus de Cerro de las Campanas y se fueron sumando otro planteles y campus de la zona metropolitana, así como de otros instalados en municipios del estado.
La comisión de Facultades Unidas realizó un pliego petitorio a través del cual solicita la renuncia de cuatro docentes señalados como hostigadores o acosadores sexuales, además de modificaciones al estatuto orgánico para agravar las sanciones para las personas que cometan este tipo de delitos, incluso de resignificar el término de violencia de género, todo esto en un periodo máximo de 365 días.
Por separado, el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó que existe una carpeta de investigación judicializada por violencia de género, que involucra a un maestro de la máxima casa de estudios del estado, mismo que está vinculado a proceso.