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El Partido Acción Nacional (PAN) proyecta reformar el Código Penal para el Estado de Querétaro para incluir sanciones contra quienes porten o falsifiquen objetos de corporaciones policiales o de seguridad; alteren escenas de crimen, y porten herramientas para abrir ilegalmente viviendas o vehículos.
También se contempla castigar a quienes difundan o amenacen con difundir imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la persona afectada, además, se establecen sanciones contra funcionarios y litigantes que “actúen fuera del marco de la legalidad”.
La iniciativa reformaría seis artículos del Código Penal, informaron, en rueda de prensa conjunta, integrantes del grupo legislativo del blanquiazul en la LIX Legislatura local.
La diputada Verónica Hernández Flores, presidenta de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, detalló que la iniciativa contempla de uno a tres años de prisión ante delitos de acoso y hostigamiento sexual. También se castigaría a quien obtenga, por cualquier medio, imágenes íntimas o de genitales sin el consentimiento de la persona afectada; se sancionará, igualmente, a quien las comparta.
Las sanciones alcanzarían a quienes amenacen con difundir imágenes eróticas de una persona. El castigo sería “tres cuartas veces mayor” si los afectados son de algún grupo vulnerable: menores de 18 años, personas de la tercera edad o con discapacidad.
La iniciativa también condenará a quien altere alguna escena de crimen, con penas de tres a nueve años de prisión y un año de servicio a la comunidad.
El diputado Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Comisión de Seguridad, ahondó que la propuesta castigaría con penas de uno a cinco años de prisión a quienes porten objetos que sirvan para forzar o alterar cerraduras y dispositivos de seguridad. Se aplicaría a quienes no logren demostrar que los objetos los utilizarían para un fin lícito.
De uno a cinco años de prisión se aplicarán a quienes sepan que sus inmuebles o vehículos son usados para cometer un delito y no den aviso a la autoridad. La misma pena se aplicaría a quienes alteren las placas de circulación de vehículos.
De tres meses a cinco años de cárcel se aplicarían contra aquellos que falsifiquen objetos, vestimenta, insignia o equipos de las corporaciones policiales o de las instituciones de seguridad, así como contra quienes porten o comercialicen dichos objetos sin la autorización de la autoridad competente.
En cuanto a servidores públicos que traten asuntos de su competencia fuera de las audiencias judiciales se aplicarán de dos a seis años de prisión, misma pena para “abogados defensores, litigantes y representantes jurídicos que actúen fuera del marco de la legalidad”.
La sanción también incluye tres años de suspensión como defensor y hasta 15 de inhabilitación para los servidores públicos.
El PAN indicó que quienes quebranten sanciones judiciales y administrativas de privación o inhabilitación se harán acreedores de 10 a 50 días de multa y de cinco meses a dos años de prisión.
