La situación de las estancias infantiles se volvió un asunto político, afirmó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz, quien argumentó que en la última de las resoluciones sí se ordenó cubrir gastos de las estancias, pero no entregarles el apoyo que actualmente reciben los padres de familia.
Declaró que en caso de que al término del proceso se llegase a ordenar que el dinero se entregue a las estancias para que la dependencia cumpla, tendría que autorizarlo Hacienda, que a su vez debería solicitar la autorización del Congreso de la Unión.
“El presupuesto no es una decisión nuestra, es del Congreso de la Unión, tienen, de alguna manera, que incluir en la demanda a los diputados federales de todos los partidos que lo aprobaron, de tal forma que ellos sean responsables de corregir”, indicó.
Un claro indicador de que se trata de un tema político es que la diputada local, Beatriz Marmolejo, interpuso el proceso contra la delegación estatal, pese a que quien determina el destino de los recursos es la Secretaria de Bienestar, que se encuentra en la Ciudad de México.
“Busca al delegado, porque si te fijas en varios escenarios estoy presente, no nada más en las estancias. En todos los escenarios siempre hay alguien que esté en una cuestión de confrontación con la delegación. Nosotros no estamos confrontados con nadie”.
Herrera Ruiz afirmó que tiene interés de cumplir con el mandato judicial, una vez que concluya el proceso, y que así lo informará a la Ciudad de México, pues debe respetarse al poder judicial.
“Sí nos pide [la resolución definitiva], que se le entreguen recursos a las estancias por cuestiones de sus trámites y demás, que anteriormente lo recibían y en ese tema, en cuanto sea una decisión fija y demás [cumpliremos]. Recuerda que cuando sale una resolución definitiva puedes interponer un recurso”, detalló el delegado de la Secretaría de Bienestar.
Esos gastos de operación incluyen apoyar a la estancia con el equipamiento cuando es una nueva; además de cubrir aquellos gastos que se relacionan con su operación, por ejemplo, el Visto Bueno de Protección Civil.
El funcionario insistió que lo más importante debe ser el bienestar de los infantes, no el negocio de las guarderías, y que el retiro de los recursos federales no debe verse como la causa de su cierre. Si se toma en cuenta que existen más de 150 en el estado, que cerraran 7 es un número mínimo.
Remarcó que el jurídico, desde la Ciudad de México, interpretó el fallo definitivo como que se debe continuar entregando el recurso a los padres de familia, pues el dictamen fue “que se procure el bien mayor para el menor de edad”.
“Vas a buscar dónde mejor te lo cuiden y den mejor atención. Cumplimos lo que nos ha pedido el juez, de poner como primordial la atención del niño”, abundó.