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Cientos de vecinos de la Cañada Real, en España, se han reunido en el centro de la ciudad madrileña para manifestar su indignación ante los desahucios que están viviendo en plena pandemia por coronavirus. Les han cortado la energía y ahora viven en situaciones extremas con velas y sin luz en sus hogares.
La Cañada Real es una zona donde se concentran asentamientos ilegales que se ubican a las afueras de la capital de España, donde habitan generaciones desde hace 50 años y nunca habían vivido el problema de cortes tan radicales de suministros.
Vecinos y habitantes de La Cañada se organizan para demandar a las autoridades soluciones efectivas y que a su vez se respete el pacto regional en donde pueden gozar de los suministros básicos para la vida. En este momento el pacto regional se está incumpliendo y está dejando a 8 mil personas, entre ellas mil 800 niños y 500 personas con movilidad reducida, diversidad funcional, ancianos, bebés y mujeres embarazadas que se han quedado en completo abandono.
Los afectados son gente nativa de España y mucha que llega de Marruecos, Rumania, y gitanos, todos ellos unidos para lanzar un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y poder mejorar su situación. Con letreros de: “En pandemia no hay desahucios”, y “Algo falla en la humanidad cuando gritamos nuestros derechos”, los afectados toman la explanada frente a las oficinas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una manifestación pacífica retenida por decenas de policías que pedían a los manifestantes el uso de cubrebocas y guardar distancias de seguridad. En el último trimestre de 2020 se han producido más de mil desahucios en Madrid, lo que implica que los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales van en aumento.
En España, el inicio del estado de alarma vino acompañado de un paquete de iniciativas económicas destinado a aminorar las consecuencias de la pandemia, el llamado escudo social contra el coronavirus, que incluía medidas sociales como la suspensión de los pagos hipotecarios y alquileres o la prohibición del corte de suministros básicos y los desahucios, destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables.
La prohibición de desahucios busca evitar agravar las desigualdades en cuestión de vivienda en un país en el que la vivienda social se ha visto reducida a 2% del total y que de continuar así podrá mostrar al mundo su lado más inhumano.
