El diputado panista Luis Bernardo Nava Guerrero aseveró que en la entidad no se permitirá que haya casos de desaparición forzada.
El diputado de la 57 Legislatura, destacó la labor que realizan en conjunto con instituciones nacionales e internacionales con las cuales trabajan para el establecimiento de normas jurídicas que prevengan, persigan y sancionen estas conductas.
“En un Estado de derecho, en una democracia plena, en pleno siglo XXI, no es admisible un solo acto de desaparición, mucho menos de aquellos quienes tienen la firme obligación de brindar seguridad. En Querétaro no lo permitiremos”, dijo.
Nava Guerrero afirmó que al ser Querétaro un modelo de seguridad pública, los casos de desapariciones forzadas no lo empañarán, pues los funcionarios en conjunto con la población están comprometidos a mantenerlo así.
“Es por ello que nos hemos dado a la tarea de trabajar en conjunto con la asesoría y apoyo de instituciones nacionales e internacionales, para establecer en la entidad, normas jurídicas que prevengan, persigan y sancionen estas conductas atípicas e inadmisibles”, manifestó.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por “desaparición forzada” el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero del desaparecido, sustrayéndolo a la protección de la ley.
Explicó que el derecho a la libertad, a la vida y a la libre personalidad son fundamentales, sin embargo se han fragmentado cuando se habla de casos de desaparición forzada.
“En los últimos tiempos con la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, las desapariciones empezaron a cobrar una importante y asidua peculiaridad: desaparición de particulares ejecutados por particulares”.
El también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local, comentó que el clima de violencia que vive en el país como consecuencia de la acción de grupos de la delincuencia organizada, ha provocado la desaparición de 24 mil 800 personas, de las cuales en 2 mil 800 casos hay fuertes indicios de participación por parte de agentes del Estado, según lo declarado por el ombudsman nacional, Raúl Plasencia Villanueva.
“Toda persona en el mundo, tiene derecho a conocer la verdad y la justicia y frente al desconocimiento siempre hay una persona que conoce el fin de la víctima, por lo que considera que en contra de ellos debe caer todo el peso de la ley”, detalló.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, para 2012, había 42 mil 759 víctimas de desaparición forzada en el mundo.
