Acerca de la resolución emitida por el Tribunal Federal Administrativo a la Procuraduría General de la República, respecto al caso de la indígena queretana Jacinta Francisco Marcial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares, aseguró que esta determinación es un parteaguas para poder garantizar el estado de derecho de todas las personas.
Señaló que aun cuando la resolución no está firme —ya que puede ser recurrida por la Procuraduría—, da la posibilidad de que el estado sea responsable en este tipo de situaciones, sobre todo cuando se acusó de manera no adecuada y se vulneró el derecho de los indígenas.
“Todavía no está firme, todavía falta que la autoridad federal resuelva el caso, en amparo de esta determinación”, aseveró Carlos Septién Olivares.
En este sentido, el magistrado informó que actualmente son muy pocos los casos de indígenas que se encuentran en un proceso penal. Sin embargo, aseveró, a cada uno de ellos se le proporciona los medios para su defensa, como por ejemplo los intérpretes peritos.
“Tenemos nuestras zonas indígenas, sobre todo en Amealco y Tolimán, no podemos desconocerlos, y estamos en aplicación de la norma constitucional de los tratados internacionales, en donde les proporcionamos como Tribunal, intérpretes y peritos”, aseveró.
Recordó que recientemente el Tribunal firmo un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de que éste interviniera cuando se genere un caso en donde el acusado o involucrado en el litigio sea un indígena.
En este supuesto, se le brinda al indígena apoyo y asesoramiento con un intérprete traductor, ya que, destacó, no existen juicios en donde los indígenas que no conozcan el idioma, no puedan defenderse.
“Al año no pasan de 10 casos de este tipo los que se presentan , y la mayoría son juicios civiles, por omisión de cuidados, los cuales derivan de la relación familiar, es decir, por la falta de proporción de alimentos, que es lo más común lamentablemente, además de las agresiones o violencia”, señaló.
Explicó que cuando estos juicios se presentan, los litigios son discutidos —en caso de lo familiar—quien de los padres se queda con la patria potestad de los menores, aunque enfatizó, en este y en todos los supuestos, los indígenas – por su condición tienen aseguradas sus garantías.
“No están sin defensa, además de que son personas que no están apartados de nuestra realidad social, entienden el lenguaje que estamos hablando, el español ciudadano, nada más, no son indígenas apartados de una comunidad ”.
