El titular de la Mesa Directiva de la 57 Legislatura, Braulio Guerra Urbiola, informó que a pesar de las declaraciones y amparos por el actual presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava Alvarado, se tendrá que reponer el procedimiento para la elección del ómbudsman en este mes de junio.
Esto luego de que la Junta de Concertación acatara la sentencia y orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro y del Tribunal Colegiado Federal.
Por consecuente, desde hoy se iniciarán trabajos en la Junta de Concertación Política para definir el procedimiento técnico de la contienda entre César Pérez Guzmán y Miguel Nava Alvarado, ya que de no acatar la sentencia cometería un delito.
“Estamos atentos a las expresiones públicas en torno a este asunto, para nosotros constituye el acatamiento irrestricto de dos sentencias locales y una federal, si la Cámara de Diputados no cumple las sentencias de las instituciones o las personas no cumplen con las resoluciones jurídicas caeríamos en desacato o incluso en un delito”, declaró.
Recordó que el error en la convocatoria le correspondió a la 56 Legislatura tras restringir la participación del aspirante César Pérez Guzmán por superar los 60 años de edad, por lo que el afectado interpuso un recurso al TSJ por considerarlo discriminatorio y lo ganó.
Aclaró que no tienen una definición tomada, por lo que se abrirá la valoración para ambos postulantes y se definirán las condiciones de la nueva convocatoria. Adelantaron que valorarán el perfil, la trayectoria, academia, honestidad, capacidad, entre otros factores.
“Incluiríamos una valoración entre los dos perfiles, estrictamente técnica, abriríamos procedimiento al tribunal, daríamos derechos a audiencia a ambos aspirantes, en su caso quienes se encuentran señalados estrictamente por la sentencia, posteriormente se realizaría una propuesta por la Junta de Concertación que vota y el pleno vota por mayoría por 17 votos lo que corresponda la resolución que se tome”, explicó Nava.
En cuanto a los amparos que ha presentado Miguel Nava, señaló, que al no haberlos ganado no hay un mandato de otra instancia para suspender la sentencia.
Además explicó que la queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que hizo Nava por supuestas amenazas de muerte culminaría sólo en una recomendación al Estado mexicano. Asimismo, la denuncia penal que interpuso para los magistrados locales no afectará el procedimiento ya que es materia externa.
Por su parte, el presidente de la Junta de Concertación Política, Guillermo Vega Guerrero, consideró un asunto complejo el estudio de su resolución, por lo que el Congreso pudiera solicitar al tribunal que ampliara el fondo de la misma para efectos de no violentar derechos de terceros.
Desconoce resolución
En una breve entrevista vía telefónica César Pérez Guzmán reveló desconocer lo que sucedía hasta el momento en el caso pues se encontraba fuera del país.
Pérez Guzmán espera que en esta ocasión se restablezcan sus derechos como ciudadano aspirante.
