Más de mil procedimientos administrativos ha iniciado la Contraloría estatal en contra de funcionarios, ex servidores públicos, de los cuales sólo cinco han derivado en procesos penales, reconoció Ricardo Vega González, director jurídico y de atención a la ciudadanía, de dicha dependencia.
En lo que va de la presente administración gubernamental, se han emitido más de 800 sanciones correspondientes a irregularidades detectadas en el ejercicio público que incluyen finanzas, actividades de dependencias públicas que ameritan castigos y responsabilidades que recaen en particulares.
“Llevamos cinco procesos penales, hemos ya presentado la denuncia correspondiente a la Procuraduría, pero no podemos decir el nombre de las personas ni las causas, por reserva de ley. Lo que sí podemos decir es que la Contraloría va a ejercer las sanciones correspondientes”, aseguró Vega González.
Tan sólo en la Secretaría de Salud se han registrado 49 resoluciones respecto a irregularidades detectadas en la entidad, que ameritan inhabilitaciones, suspensiones y multas en contra de funcionarios del sector, confirmó Ricardo Vega, quien explicó que debido al proceso, los nombres permanecen reservados.
Las quejas que han resultado del sector salud, han sido atendidas por la Contraloría estatal, se verificó la veracidad de las denuncias y se ha dado seguimiento para que se apliquen las multas indicadas por el órgano de control interno de dicha área.
Nepotismo, tráfico de influencias y la inadecuada aplicación de recursos han sido las causales de inhabilitaciones ordenadas en el sector salud, cuyos responsables aún no se han dado a conocer hasta que no concluyan los procedimientos correspondientes.
A la fecha, la Contraloría ha auditado el ejercicio de 11 mil millones de pesos de un total de 22 mil millones que corresponden al presupuesto estatal de 2012, (50% del recurso ejecutable aproximadamente).
Al respecto, el contralor Juan Gorráez Enrile reconoció que es imposible para la dependencia auditar todo el ejercicio presupuestal, mientras que estas revisiones se llevan a cabo mediante muestreos, que permiten valorar el manejo global de las finanzas.
Ricardo Vega garantizó aplicar la ley en todos los casos en que los que la Contraloría cuente con los elementos suficientes para corroborar perjuicios o daños a la Hacienda pública del estado.