El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Enrique Correa Sada, aseveró que es necesario que se alerte a la ciudadanía sobre los centros de rehabilitación contra las adicciones que no cuentan con certificación.
Recientemente, la coordinadora del Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA), Rebeca Mendoza Hassey, reveló que 92% de los anexos no cuentan con una certificación por parte de la Secretaría de Salud.
El diputado panista detalló que el CECA tiene un directorio que notifica dónde están los centros que cuentan con la aprobación por parte de la Secretaría de Salud, por ello es importante que esta información esté al alcance de las personas para que puedan elegir estos establecimientos sin correr ningún riesgo.
“El CECA es la autoridad responsable en el estado para evaluar y revisar a las instituciones que se dedican a la rehabilitación. En la ultima plática que tuve con la licenciada Rebeca, ella sostenía que ya hay un directorio de instituciones revisadas y autorizadas, pero habrá que revisar las que no están y advertir a la población, porque así nos podrían ayudar para advertir a la gente que se fije si a la institución que está acudiendo está certificada”, recalcó el legislador.
En cuanto al actuar legislativo en esta materia, Correa Sada afirmó que se trata de competencia federal. Sin embargo, precisó que gobierno del estado deberá de revisar y clausurar a los establecimientos que proporcionan este tipo de servicios para que esta situación se regule.
“Es norma federal el tema de las instituciones así como la normatividad hospitalaria que está muy clara muy pertinente a lo que tiene que tener, a lo que tiene que contar. Sería más bien promover en el estado y eso ya le tocaría al Poder Ejecutivo la revisión y el cierre de los que no estén regulados”, insistió.
De acuerdo con el CECA, en Querétaro, se tiene el registro de 65 centros de rehabilitación que concentran a mil 513 pacientes. La mayoría son particulares y sólo cinco cuentan con el certificado que se requiere.
De los 60 restantes, la titular del CECA afirmó que “20 están haciendo un muy buen trabajo, a la mayoría los podemos recomendar”.
La NOM 028 establece que cada centro debe contar con un acta constitutiva y objeto social, en el que deben explicar si son organismos con fines lucrativos.
Mendoza puntualizó que uno de los motivos que influyen para que los centros no estén certificados es que la federación les solicita un acta constitutiva avalada por un notario público, que cuesta entre 6 mil y 10 mil pesos, pero al ser de particulares “prefieren invertir el recurso en alimentos o asesorías para los enfermos”.
