Mario Romero Andrade se ha dedicado más de la mitad de su vida a conducir un camión del transporte público en Querétaro. Desde 1990 ha vivido las diversas etapas de trabajo del servicio, que se posiciona como uno de los peores evaluados del país, según la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para Mario, los problemas que se viven en el transporte público no son por falta de capacidad de los conductores o porque actualmente se tenga un mal sistema, sino porque todos los actores involucrados han dejado de ver por el bien colectivo, para buscar el beneficio personal; pone el ejemplo de los conductores de vehículos particulares, quienes no respetan el reglamento de tránsito.
“El reglamento de tránsito marca cómo se debe prestar el servicio y actualmente se trabaja de muchas formas menos apegados al reglamento; el primer ente que se separó de la aplicación, fue la propia autoridad”, aseguró el conductor, al afirmar que no supervisan que se la normatividad se cumpla.
Se sorprende de que a pesar de que el sistema se conforma por un grupo de empresas, no existen inspectores que vigilen el cumplimiento de la reglamentación, a pesar de la gran cantidad de choferes que trabajan y que tienen a su resguardo miles de personas al día.
En lo que respecta a los usuarios, Mario Romero mencionó que la gente no conoce el reglamento, donde se enmarcan sus derechos y obligaciones, por lo que se cae en lo que llamó “un círculo vicioso”: si los ciudadanos no cumplen es porque las autoridades no los han obligado y estos a su vez no tienen interés en que se haga, de lo contrario ya habrían establecido dónde se deben hacer las paradas y no dejarlo a criterio del conductor, por ejemplo.
“Se debe establecer cada punto de ascenso y descenso, ya que habían establecido un horario para los vehículos, para que la gente no piense que se les puede estar levantando a media cuadra”, afirmó.
Luego de señalar que la modificación del transporte que dio paso a Red Q fue una oportunidad desaprovechada para mejorar el sistema, recordó uno de los primeros cambios que se vivieron en el transporte queretano, el cual data de 1985 y que dejó de lado las camionetas de 3 ½, para dar paso a los autobuses, en los que no se permitía que hubieran personas paradas, situación que ha cambiado, debido a los “intereses” de los que encabezan el sistema:
“Funcionaba a pesar de que no había muchas cosas escritas ni tanta modernidad, se apegaban más al reglamento, porque las empresas ponen inspectores para corregir y sancionar cualquier situación que se salga de reglamento, ahora ya no”.
En relación a la labor de los conductores, puntualizó que ganan 250 pesos por cada ocho horas de trabajo; él diariamente tiene que trabajar entre 16 o 18 horas en promedio.
Agregó que la principal exigencia que se tiene es la falta de certeza en diversos aspectos, desde la seguridad y el sueldo, hasta la forma en que se tiene que realizar el servicio, pues los criterios sobre la manera en que se debe actuar, son diversos.
En lo que respecta al sistema de cobro, indicó que existen dos problemas: el tema de la seguridad, ya que al estar en contacto permanente con el dinero, hace que sean blancos para un asalto, así como el faltante de dinero al rendir cuentas, pues los sensores con los que se cuentan los pasajes no funcionan adecuadamente, por lo que llegan a marcan una persona más.
“El operador no tiene la obligación de manejar efectivo, algunos dicen que el sistema en las noches es muy malo porque no se quiere subir a las personas, pero es porque hay rumbos donde han asaltado a casi todos los camiones de la ruta”, dijo.
En lo personal uno de los sistemas que más le gustan es el trolebús de la Ciudad de México, toda vez que los conductores no tienen acceso al dinero, situación que imposibilita que le roben dinero, pero también que le puedan descontar de manera injustificada, ya que hay choferes a los que les han cobrado varios miles de pesos, por fallas en los sensores.
Aseguró que no existe certidumbre de la manera en que van a evaluarlos los supervisores o la ciudadanía, pues si no se hace la parada donde el ciudadano lo requiere “comienzan las agresiones verbales”, pero si lo hace, pueden ser multados, pues el reglamento lo prohíbe.
Sobre el hecho de que hay choferes que manejan a exceso de velocidad, comentó que ellos tienen que cumplir con un tiempo establecido para llegar a su punto destino, pero en su camino se enfrenta a la imprudencia de otros conductores que no respetan el carril, el tráfico o la cantidad de gente que tienen que recoge, variantes que no pueden controlar:
“No existe una certeza de cuánto vas a hacer en un trayecto, porque necesitarías tener la ruta en las mismas condiciones, pero siempre varia la cantidad de gente y la cantidad de tráfico; entonces como esas son dos variables que tú no sabes cómo se van a comportar, entonces en ocasiones 70 minutos es perfecto para hacer el recorrido, pero otras veces que en 90 minutos no logras hacer el recorrido”.
Al hablar del trabajo de las autoridades, apuntó que no es necesario que se hagan grandes inversiones, sino que se utilicen de adecuada manera los recursos humanos y materiales; pues en lugar de construir más vialidades, los policías podrían ver que se haga un uso adecuado de las que existen y que los conductores particulares no bloqueen el paso del transporte.
“Las vialidades no tienen nada que ver, la educación vial de las personas es lo que tiene que ver; yo he observado que hay zonas donde están las escuelas, donde esas personas poseen un vehículo y que a pesar de que la ley señala que no pueden hacer descenso y ascenso en primero, segundo o tercer carril, ellos lo hacen, y bloquean al 100% la vialidad”, advirtió.
Finalmente, lamentó que las autoridades no hagan cumplir el reglamento; que los usuarios no lo conozcan sus derechos y obligaciones; que los concesionarios no brinden seguridad, y que los choferes tengan que interpretar su labor conforme se presente la situación, debido a la falta de certidumbre.
