Manuel Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno municipal de Querétaro, negó que las autoridades capitalinas hayan participado en una supuesta confabulación en contra de Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto.
El 17 de junio, González Loyola fue detenido por elementos de la Fiscalía del estado y vinculado a un proceso bajo el delito de motín.
Al salir de prisión el pasado jueves, Pablo González acusó que su detención y proceso es por rencillas políticas y, de manera particular, dijo que Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, y Manuel Velázquez participaron para confabular en su contra para lograr su detención.
Respecto a estas declaraciones de Loyola, el secretario de Gobierno indicó: “No tengo ningún comentario, atendemos y negamos cualquier tipo de situación en ese sentido, es totalmente absurdo […] el actuar del municipio siempre será en apego a derecho, rechazamos cualquier situación como la que hace referencia”.
Dijo que se mantienen respetuosos de las medidas legales que decida continuar Pablo González y se deslindan del tema, ya que se trata de un proceso judicial en el que el municipio no tiene competencia. “Tu servidor, el presidente municipal, el municipio no tienen conocimiento de las órdenes para tal efecto emite la fiscalía”, agregó.
Cabe recordar que un día antes de la detención del líder de la Unión Cívica, los comerciantes de la Alameda denunciaron un intento de desalojo. El domingo 19 de junio, los gobiernos estatal y capitalino retiraron los 358 carritos que conformaban el tianguis de La Alameda con el argumento de que operaban en la ilegalidad.
En entrevista, Manuel Velázquez afirmó que desde entonces tuvieron 17 reuniones de trabajo con la Unión Cívica, para ordenar el comercio en la vía pública; el lunes tendrán otra, donde se abordarán los temas de la utilización y uso del espacio público.
El secretario de Gobierno del estado, Juan Martín Granados Torres, señaló que la decisión de la juez de distrito Mónica Montes Manrique de liberar a Pablo González se acata y se respeta y puntualizó que el proceso en su contra continúa su curso.
“El gobierno del estado no puede estar inconforme en contra de esa decisión, porque gobierno del estado no es parte de ese procedimiento. Es un procedimiento donde las partes, en el juicio de amparo, son la fiscalía, el defensor de esta persona, el juez local y evidentemente, sin ser parte, la juez de distrito”, sostuvo.
Explicó que la decisión de ponerlo en libertad correspondió a una diferencia de criterios entre la juez federal Mónica Montes y el juez local. Mientras que este último consideró que el proceso debería desarrollarse con la prisión preventiva, por considerarlo un peligro social debido a su tendencia a manifestarse cerrando calles, en ocasiones de forma violenta, Mónica Montes estimó que sí es necesario el juicio pero no en prisión preventiva, medida que juzgó como excesiva.
Pablo González seguirá su juicio en libertad pero tiene prohibido salir del estado, la obligación de comparecer cada semana ante la Unidad de Medidas Cautelares, entregar una garantía económica de 10 mil pesos y se encontrará bajo vigilancia.
Gobierno estatal responde a la DDHQRO. Respecto a las quejas que interpuso Pablo González ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro por una presunta confabulación de funcionarios públicos en su contra, el secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres aseguró que responderá a la DDHQ las veces que sea necesario, para aclarar y brindar la información correspondiente.