Los gobiernos estatal y municipal de Querétaro aseguraron que están dispuestos a privilegiar el diálogo con los integrantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, después de que el pasado miércoles por la noche la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) retiró material presuntamente inflamable de la Plaza de Armas, el cual fue considerado como peligroso tanto para los manifestantes —que ya acumulaban 17 días de plantón frente al palacio de gobierno— como para los transeúntes y visitantes.
“Nosotros en todo momento seguiremos trabajando en las mesas de diálogo, que es una prioridad. Seguiremos con toda la apertura para poder llevar a cabo las mesas que sean necesarias”, manifestó el secretario de gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, quien puntualizó que el retiro de la estructura y del material inflamable por parte de Protección Civil estatal fue apoyado con elementos de la guardia municipal en coordinación con la policía estatal.
“La actividad la realizó Protección Civil del estado y nosotros lo que hicimos, nada más fue por medio de la guardia municipal apoyar en las inmediaciones con vigilancia”.
Expuso que hasta el pasado miércoles se habían sostenido hasta 10 mesas de trabajo en las que se atendieron las inconformidades de los integrantes de esta asociación, especialmente las relacionadas con los comerciantes que fueron retirados de la Alameda Hidalgo la madrugada del pasado 19 de junio y que piden la devolución de su mercancía y su reinstalación.
“Ya se les estableció el mecanismo bajo el cual se hace la devolución de la mercancía. Había una petición para que se designara un espacio exclusivamente para la unión, también ya se está dialogando en ese sentido y otra de las peticiones obviamente es la libertad de Pablo González Loyola”, dijo Velázquez Pegueros.
En este sentido, el secretario de gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, destacó que el tema del líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, es un asunto que se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, indicó que el gobierno estatal también les ha ofrecido ser mediadores con la administración municipal para resolver el tema de la regularización y la reinstalación de sus espacios como comerciantes ambulantes.
Granados Torres declaró que hace algunos días el gobernador Francisco Domínguez Servién tuvo un acercamiento con los manifestantes para ofrecerles su ayuda en lo único en lo que puede actuar su gobierno, que es la apertura de “mesas de diálogo públicas y con orden respecto del reclamo muy puntual que le hicieron (…) el mandatario lo que les ofrece es que se instalen mesas de diálogo muy puntuales para que se vean opciones distintas, para que se vea cómo la gente que vive del comercio y que estaba instalada en la Alameda tenga una mejora en su actividad y, por lo tanto, una mejor calidad de vida”.
Indicó que la comunicación que mantiene el gobierno estatal con las autoridades municipales y con los manifestantes es permanente, todo con la intención de llegar a acuerdos que logren solucionar esta problemática.
En este sentido, destacó el trabajo que realiza todos los días —desde que inició el conflicto— personal de la propia Secretaría de Gobierno con las personas que se asumen como líderes del movimiento de protesta de la UCFCP.