El titular de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de Querétaro, Arsenio Durán Becerra, confirmó que el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José El Alto, Rigoberto Quintanar Guerrero, tiene una denuncia en su contra por delitos de agresión.
Dio cuenta que los familiares de Jaime René Fuentes, interno en el Cereso, presentaron la denuncia y ahora se está integrando la averiguación para deslindar responsabilidades.
“Hay una denuncia que se presentó de las que, incluso tengo entendido, ya alguna información había proporcionado el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH). La averiguación tiene el trámite correspondiente, se inicia según el relato de las investigaciones”, apuntó el procurador Durán Becerra.
Jaime René es uno de los 31 jaliscienses que fueron detenidos hace tres años como presuntos responsables de accionar armas de fuego en la comunidad marquesina de La Laborcilla, gresca que provocó la muerte de un joven.
Familiares de Jaime René dieron cuenta que, durante más de 70 días éste ha permanecido 22 horas diarias en un área de castigo, sin razón alguna, aunque se deriva de la petición que hiciera para que se arreglara una bomba de agua potable.
Derivada de la denuncia y también de una queja presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos, el titular de este organismo, Miguel Nava, emitió una recomendación luego de que se verificarán diversas irregularidades y violaciones a los derechos humanos al interior del Cereso.
Dicha recomendación está dirigida al titular del Poder Ejecutivo, el gobernador José Calzada Rovirosa y acredita que se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos del reo, relacionados con “el derecho al acceso al agua potable, petición y respuesta, integridad, seguridad personal, seguridad jurídica, legalidad, igualdad ante la ley y trato digno”.
El caso fue remitido a la Defensoría a través de una carta del propio recluso, la cual llegó a sus manos el 26 de abril, en donde afirmaba que se le había castigado por solicitar la reparación de una bomba de agua; el 9 de mayo se hizo el intento por ingresar al penal, por parte de observadores de la DDHQ, trabajo que fue obstaculizado.
No fue hasta el 20 de junio que la Defensoría de los Derechos Humanos ingresó al penal donde el interno dijo tener 74 días encerrado en una celda de castigo (de 2.5 por tres metros), en 22 de las 24 horas del día, misma que sirve de espacio para que consuma sus alimentos y haga sus necesidades fisiológicas.
También se acreditó el desabasto de agua, por lo que se emitieron dos medidas cautelares a gobierno del estado (el 26 de junio y 30 de junio) mismas que la Secretaría de Gobierno ignoró; de ahí que la tercera recomendación ya está dirigida al gobernador.
