La Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, a que explique a la sociedad las razones que han llevado a un grave incremento de secuestros y desapariciones en la entidad durante los últimos meses.
El pleno de San Lázaro, los diputados también pidieron mediante un punto de acuerdo al mandatario estatal que conmine al procurador del estado, Arsenio Durán Becerra, a cumplir sin omisión alguna con las tareas que las leyes le asignan, y a informar a detalle a los diputados de cada uno de los casos denunciados con apego a la verdad y a referirse con respeto a familiares y víctimas.
Lo anterior, debido a que las autoridades argumentaron que en los casos de adolescentes desaparecidas a que “son adolescentes rebeldes que tendían a irse de sus casas”, y bajo este entendido, no se procede a su búsqueda.
Al Congreso de Querétaro se le pidió realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio, considerando la redacción del artículo 325 del Código Penal Federal.
Lo anterior, por medio de un punto de acuerdo propuesto por la diputada por Querétaro, Raquel Jiménez Cerrillo, desde el 25 de septiembre de 2012.
La falta de aprobación de éste y otros puntos de acuerdo fue motivo de reclamo por parte de diputadas, entre ellas, Jiménez Cerrillo y Malú Micher por lo se avalaron 10 dictámenes sobre equidad de género.
En cuanto el llamado al gobernador Calzada, se señala que en Querétaro el problema de las desapariciones ha aumentado día con día.
En la exposición de motivos, la diputada Jiménez Cerrillo asegura que para octubre de 2011 ya sumaban 330 desapariciones en la entidad y hasta este momento se desconoce la cifra total.
“Se ha informado, que de dos años a la fecha, Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de jóvenes de entre 13 y 16 años que simplemente ‘desaparecen’ aumentó exponencialmente a partir de 2010”, señala en su exposición de motivos.
La legisladora afirmó que en 2006 se registraron cinco personas desaparecidas, para 2007 fueron nueve; al año siguiente se registraron 26, mientras que en 2009 se registraron 25 desaparecidas.
Para 2010 la cifra se disparó a 126 y en los primeros diez meses de 2011 se habían reportado un total de 139 personas de las que se desconocía su paradero.
Jiménez Cerrillo dijo que desde 2009 las autoridades señalaron que se iniciaron investigaciones por el delito de trata de personas; sin embargo, la panista manifestó su preocupación ante las declaraciones de las autoridades de que este tipo de delitos no representa “una problemática” para el Estado.
“Diversas voces han expresado la urgente necesidad de que el gobierno estatal ejecute de inmediato protocolos para localizar a las personas desaparecidas, y de igual urgencia es que en el estado se tipifique el delito de feminicidio establecido en el actual Código Penal Federal en su artículo 325, y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 21 federal”, afirmó.