Veinticuatro ex servidores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en el ejercicio de su labor en la administración municipal anterior; cuatro de ellos ya fueron sancionados administrativamente por el caso de la camioneta blindada.
José Bravo, magistrado del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas (TMRA), informó que los casos que concentran las denuncias penales son: la compra de la camioneta blindada, la edificación del Lienzo Charro y los permisos de construcción de la gasolinera de El Porvenir.
De la camioneta blindada, explicó que cuatro ex funcionarios fueron sancionados (en términos administrativos), acreedores a multas superiores a los 100 mil pesos, hasta inhabilitaciones para ejercer la función pública; aunque reveló que se trata de ex secretarios, ex directores y ex jefes de departamento, aunque no reveló nombres.
Días antes da la protesta como presidente de Marcos Aguilar (el 1 de octubre de 2015) la administración mulocal reveló la compra de una camioneta blindada, tipo Suburban 2015, con un costo de 2.9 millones de pesos.
En la investigación de la Auditoría Municipal se concluyó que la unidad se adquirió con un sobreprecio de 96.8% del costo más bajo del mercado.
También se detectó que algunos integrantes del Comité de Adquisiciones nunca participaron de la toma de decisión para la compra, así como otras irregularidades administrativas, como un desfase en la adquisición incumpliendo otras disposiciones del reglamento de Adquisiciones.
“Se auditó lo relacionado con el procedimiento de invitación restringida, este procedimiento trajo una serie de irregularidades que fueron observadas, concretamente fueron violaciones al marco jurídico e incumplimiento a la normatividad de carácter estatal y municipal, desde la convocatoria, el fallo y las fianzas que se fueron presentando”, dijo el Magistrado.
Lienzo Charro. Sobre la construcción del Lienzo Charro, en Santa Rosa Jáuregui, José Bravo, informó que son 15 ex funcionarios en investigación por faltas administrativas o de carácter económico —y con distintos grados de responsabilidad—, además se investiga a tres empresas involucradas.
En 2014, cuando era edil el priísta Roberto Loyola, se anunció la enajenación del Lienzo Charro “Manuel Ordoñez” propiedad de este órgano; inmueble que tenía en comodato a la Asociación de Charros de Querétaro.
Por medio de subasta pública el inmueble se vendió en 67 millones de pesos, con un avalúo base de 62 millones de pesos; el compromiso, para vender el Lienzo, fue construir uno nuevo bajo el concepto “peso a peso”; sin embargo, el costo de construcción superó los 137 millones de pesos.
Por lo que las investigaciones indican que se “infló” la construcción —sin contar el valor de la tierra— también se detectó que el valor de venta del Lienzo Charro “Manuel Ordoñez” no coincide con el valor catastral.
Gasolinera El Porvenir. El Tribunal, también tiene recursos penales ante la Fiscalía por la aprobación de la construcción de la gasolinera El Porvenir, que en febrero pasado, le fue revocado el permiso; se detectó la falta de la “factibilidad ambiental”.
La investigación arrojó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable negó la factibilidad ambiental, sin embargo, ese documento “lo ocultaron”.
Procesos. José Bravo Morales también informó que durante 2016 han abierto 137 cuadernos de investigación por auditorías a diversas áreas de la administración; 90% de los expedientes corresponden al trienio anterior y el resto al periodo comprendido desde el 1 de octubre de 2015, a la fecha.