A pocos meses de que concluya el plazo para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Observatorio Ciudadano de Querétaro (OCQ) señaló que se corre el riesgo de que se apliquen leyes “al vapor” y que no se incluya la opinión de la ciudadanía en el proyecto.
La organización informó que, al día de hoy, únicamente la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado propuestas en relación con las leyes secundarias, cuando se trata de un proceso sumamente importante para combatir la corrupción.
Yamile David Gallegos, presidenta del OCQ, recordó que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio de este año es la fecha límite para la implementación y ejecución del sistema en todos los estados.
“Estamos ya terminando febrero y aún ni siquiera se han dado a conocer las fechas de las convocatorias para la selección de quienes van a conformar el comité de participación ciudadana, lo cual es importantísimo en la conformación del sistema, y tampoco está claro cómo va a ser la elección del fiscal anticorrupción”, refirió la titular del órgano ciudadano.
Indicó que, si bien ya se cuenta con la base constitucional en el estado, falta saber cómo van a proceder los actores que participarán en el sistema anticorrupción.
“En el observatorio hemos considerado la voz de la ciudadanía, hemos revisado la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la forma en que se está implementando y ejecutando este sistema en otros estados, y en el caso de Querétaro hay puntos que nos llaman la atención y que nos inquietan”, sostuvo la presidenta del Observatorio Ciudadano.
Como parte de una primera observación, el órgano hizo un llamado a la legislatura para que dé a conocer los tiempos y fechas en que se emitirán las convocatorias para la integración del comité de participación ciudadana, esto con el fin de que la ciudadanía pueda colaborar.
Respecto de este punto, el OCQ resaltó la importancia de que este comité esté integrado por ciudadanos, además de que el fiscal sea una persona íntegra y con una experiencia que vaya más allá de relaciones y vínculos políticos.
“Proponemos que la selección que se haga de todos los candidatos, a los diversos rubros, se justifique de manera pública y se otorgue un plazo de 15 días, entre la elección y su nombramiento, con la intención presentar los resultados de la evaluación de las candidaturas y el grado de cumplimiento de las personas postuladas respecto a los criterios establecidos”, acotó la presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro.
“Lo anterior, con el objeto de transparentar el proceso y evitar discrecionalidad ante la sociedad”, añadió.
Otro punto señalado por el órgano de vigilancia ciudadano es el de la técnica legislativa en la redacción de las leyes, en donde se señala que hay algunos artículos mal planteados.
“Advertimos de la importancia de la técnica legislativa en la redacción de las leyes del sistema local, puesto que esto conlleva a interpretaciones que puedan entorpecer los procesos para sancionar delitos y combatir de manera eficiente la corrupción e impunidad”, sostuvo.
Sobre el fiscal. A propósito de la elección del fiscal, el Observatorio Ciudadano de Querétaro solicitó que se presente una terna propuesta por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y que se lleve un proceso claro y transparente en donde ciudadanos y no funcionarios, ex funcionarios o gente con vínculos políticos sean quienes ejerzan el cargo de fiscal.
