Tras confirmar que se han presentado 356 casos de aborto en la entidad, Querétaro se coloca como el quinto estado a nivel nacional con más mujeres que tienen que viajar a la Ciudad de México para realizar la interrupción de su embarazo de manera segura, indicó el médico David Moncada de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam).
El estado cuenta con la segunda legislación más estricta del país con respecto a la interrupción del embarazo, por lo que las queretanas se ven empujadas a buscar servicios médicos locales inseguros o viajar a la Ciudad de México, indicó.
Explicó que la penalización del aborto afecta principalmente a las adolescentes, quienes al final recurren con proveedores que no garantizan un procedimiento de interrupción del embarazo seguro para su salud.
“Querétaro tiene legislada la protección a la vida desde el momento de la concepción, este contexto hace que las adolescentes recurran a proveedores inseguros y en semanas del embarazo muy avanzadas, lo cual aumenta el riesgo. Querétaro y Guanajuato son los estados que menor número de causales tienen”, dijo.
Actualmente, la interrupción del aborto se considera un delito en 29 entidades, de las cuales 17 han hecho modificaciones para proteger la vida desde la concepción.
En Querétaro se “respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde el momento de la fecundación”; por lo que al feto se le reconocen los mismos derechos de una persona nacida desde el embarazo.
Desde 2013, una mujer que aborte o consienta que alguna persona le ayude a hacerlo puede ser sancionada con penas que van de uno a tres años de cárcel, incluso cuando haya sido víctima de violación o su salud esté en riesgo.
El artículo 139 del Código Penal del estado establece para estos últimos dos casos que el juez puede valorar darle la pena mínima de un año, para lo cual se tomará en cuenta el tiempo de gestación y que la pareja de la mujer lo haya autorizado.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hasta el momento hay 11 denuncias, dos juicios en proceso y una mujer en prisión definitiva por el delito de aborto; mientras que 356 mujeres viajaron a la Ciudad de México entre 2007 y 2016, para someterse a un procedimiento de interrupción legal.
