De acuerdo con el Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, en entidades como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, autoridades y víctimas guardan silencio ante las agresiones.
El estudio elaborado por elaborado por Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), revela que el silencio se da “en una suerte de complicidad entre instituciones médicas, la propia Iglesia, donde se trata de que la mujer no hable ni de la violación u otro abuso para defender el honor de mi marido”.
El estudio también revela que a partir de 2008 las tasas de homicidio repuntaron de “manera abrupta”, y en cuatro años alcanzaron niveles de hace tres décadas. Sin embargo, en Querétaro, al no haberse tipificado el delito de feminicidio no hay información al respecto.
De las ocho entidades estudiadas como parte de la zona occidente del país, en cinco de ellas se ha tipificado el delito de feminicidio: Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit. Sin embargo, estados como Querétaro, Aguascalientes y Michoacán no han tenido la misma suerte.
En el documento de la Conavim, hay un apartado que se dedicó a la violencia docente, es decir, en el sector educativo.
Ahí se refiere que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ubica la responsabilidad de las secretarías de educación de cada estado de informar sobre casos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento. Asimismo, tienen la obligación de desarrollar programas y políticas para prevenir, atender y en su caso sancionar éste tipo de agresiones.
“Sin embargo, las autoridades y el personal educativo no conocen sus obligaciones en esta materia, ni siquiera cuentan con datos sobre la violencia docente. En la mayoría de los casos, se observó un mayor conocimiento de la prensa que de las propias autoridades educativas”, dice el documento.
“Su negligencia —contunúa el informe— llega a omitir sanciones, lo cual permite que se conviertan en cómplices del agresor, motivando con ello la trasmisión de una situación donde la violencia se encuentra naturalizada y la impunidad es una herramienta de legitimación de la violencia en contra de las niñas y las mujeres”, especifica el apartado.
En caso de la violencia laboral se consigna que en estas entidades, entre las que se ubica Querétaro, sigue siendo una práctica común y a pesar de que no se obtuvieron cifras en las secretarías en los estados, los despidos por embarazo siguen siendo una práctica común.
Datos estatales
En la página de Internet de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se publica una lista de 27 mujeres reportadas como extraviadas, más 13 que tenían ese reporte y que ya fueron localizadas.
Todas las que aún permanecen extraviadas son menores de edad y fluctúan entre los 13 y los 17 años. Siete de ellas tienen 16 años, otras seis tienen 15; otras seis tenían 13 años cuando desaparecieron. Además hay cuatro extraviadas de 14 años y otras cuatro de 17 años.
De este grupo de 27 mujeres, 13 desaparecieron en el transcurso del año 2012 a las cuales se han sumado 10 más que en los primeros días del 2013 también desaparecieron. De las otras 4, dos desaparecieron desde el 2009 y dos más en el 2010.
De acuerdo a la directora del Instituto Queretano de la Mujer (IQM), Irma María de Lourdes Alcántara de la Torre, entrevistada en noviembre pasado, de 2006 a 2011, la PGJ inició mil 512 expedientes de mujeres extraviadas, de los cuáles 48 no habían sido resueltos para esa fecha.
Consideró que en la mayoría de los casos de personas extraviadas se trataba de mujeres originarias de Guanajuato, cuyos familiares inician la denuncia de extravío en Querétaro.
El estudio referido reporta que en México únicamente 33% de las mujeres han vivido libres de violencia.
