La Comisión de Derechos Humanos en Querétaro (CEDH) se encuentra colapsada económicamente, pues a decir de su titular, Miguel Nava Alvarado, el organismo tendrá que sujetarse austeramente al presupuesto avalado por el Congreso local. El recurso representa 38% de la petición por 71 millones de pesos que hizo el organismo a los diputados.
Esta situación se ha reflejado en el cierre de dos oficinas del organismo por las que pagaban una renta mensual de 21 mil pesos.
Actualmente, la comisión no cuenta con un edificio propio y paga 55 mil pesos al mes por la renta del inmueble donde se encuentra situada la oficina central.
Además, para los recorridos que el organismo debe realizar para la promoción de los derechos humanos, cuenta con ocho vehículos, de los cuales sólo funcionan dos.
En diciembre pasado, el Congreso local aprobó el presupuesto para la CEDH, el cual era inferior a lo que el organismo solicitaba en su proyecto de presupuesto. Con esto se vino abajo el plan de constituir un edificio propio, adquirir automóviles y contratar más personal, acciones que darían pie a su “autonomía”.
El presupuesto autorizado para 2013 es de 26 millones 964 mil 772 pesos, monto que representa 44 millones menos, de los 71 millones que solicitó el organismo, “recurso que es insuficiente para dar cumplimiento a las proyecciones institucionales”, aseguró.
Por lo anterior, el organismo tendrá que ajustarse a proyectos austeros para hacer frente a la crisis financiera que actualmente la aqueja, situación que mantiene a la CEDH en la desavenencia de carecer de autonomía de gestión, al ser el gobierno del estado quien administra sus recursos.
En enero pasado, el presidente de organismo, Miguel Nava, aseguró que “la situación financiera de la comisión es complicada, sobre todo cuando el presupuesto anual es asignado mensualmente”.
En entrevista, el ombudsman expresó que la falta de presupuesto “no es excusa para que no realicemos nuestro trabajo. Vamos a estar limitados, pero esto no afectará para continuar con nuestra labor”.
Endeble autonomía
Desde julio de 2012, Miguel Nava Alvarado exhortó a quienes integrarían la 57 Legislatura del estado a tomar conciencia para que, en su momento, otorgaran un presupuesto excepcional a la comisión, ésta pudiese obtener su tan anhelada autonomía y desarrollar sus proyectos.
Para octubre, la CEDH emitió un informe especial dirigido al gobernador, José Calzada Rovirosa.
Por medio del documento, acusó al Poder Ejecutivo estatal de violar su autonomía presupuestal y administrativa y de congelar 11 lugares de la plantilla laboral del organismo defensor. Actualmente, en la comisión laboran sólo 39 trabajadores de 50 plazas que le corresponden.
El 14 de diciembre, el Congreso del estado aprobó el presupuesto para la comisión, una vez avalado el recurso, el 17 de diciembre el ombudsman y el consejero consultivo del organismo, Jaime Septién Crespo, solicitaron que los casi 27 millones que avalaron los diputados fuera entregado en una exhibición y no de manera diferida.
Ante dicha petición, el secretario de gobierno, Jorge López Portillo Tostado, afirmó que no habría ningún inconveniente para satisfacer la solicitud de la CEDH. Pero este comentario contrastó, posteriormente, con el anuncio que hiciera el titular de Planeación y Finanzas, Germán Giordano Bonilla, quien negó la factibilidad de la petición y aseguró que era imposible la entrega única del recurso puesto que la dependencia también recibe el dinero a plazos.
Pese a la divergencia de declaraciones entre los funcionarios estatales y los comentarios emitidos por los representantes de la comisión, Nava Alvarado confirmó que mantiene una relación cercana y de constante comunicación con los integrantes del Ejecutivo estatal, con quienes, dijo, logró acuerdos para que en marzo próximo le entregaran la nómina de los empleados de la comisión, la cual constituye 80% de los recursos que recibirá este año.
La autonomía del organismo se logrará “cuando gobierno del estado nos pase el recurso, para que nosotros lo administremos como lo marca ley. Cuando nos regrese la nómina para que hagamos los pagos a nuestros empleados. Y, en caso de tener plazas que no se ocupen, como pasa, generar de ahí una economía para hacer otro tipo de programas”, externó el ombudsman.
Capacitación y prevención
Entre las acciones que implementarán para ajustarse a sus recursos, está el acercamiento que han tenido con las delegaciones de instancias federales en el estado que, a decir de Miguel Nava, sí recibieron un presupuesto sustancial en materia de derechos humanos.
Entre ellas se encuentra la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), con quienes la comisión estatal prevé acordar acciones de capacitación y difusión en materia de promoción.
“Nos hemos dado cuenta de que en gobierno federal sí hubo una dotación considerable de presupuesto en materia de derechos humanos. En concreto, con la PGR (que tiene una subprocuraduría de derechos humanos) hemos establecido contacto y generaremos planes de capacitación, destinados a la Dirección de Investigación del Delito (DID), Ministerios Públicos y peritos”, explicó.
Lo anterior, explicó Nava Alavarado, es para que la comisión diseñe proyectos con esas dependencias federales y se genere, desde ahí, una capacitación como herramienta básica de prevención de violación a las garantías individuales.
En cuanto a la Segob, se planea que a través de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, ésta brinde apoyo para capacitar a policías estatales “y como todo el sistema penitenciario ya depende de tal secretaría, nos beneficia para capacitar a custodios”.
Respecto a la SER, el titular de la comisión dijo “ya estamos entablando contacto con ellos para capacitar a servidores públicos de distintas áreas y al personal de la comisión”.
Por si fuera poco…
La comisión enfrenta cinco demandas laborales, entre ellas, destaca la del ex ombudsman Adolfo Ortega Osorio, quien acudió ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En dicha acusación, Ortega Osorio asegura que trabajó como secretario ejecutivo de la CEDH de 2004 a 2007 y como presidente de la misma de 2007 a 2012 por lo que exige un pago por prima de antigüedad, prima vacacional y aguinaldo a los que dice tener derecho.
Durante su gestión Adolfo Ortega recibió un salario quincenal de casi 37 mil pesos; un aumento quinquenal de 226.50 pesos y 333.50 pesos más para despensa.
En respuesta, Nava Alvarado manifestó “nosotros nada más fuimos notificados de esta demanda que se interpuso ante la autoridad laboral. Haremos lo necesario para explicar cuáles son las condiciones en que se encontraba Adolfo Ortega, quien no era propiamente un empleado sino un presidente electo por la Legislatura. Por ello, la autoridad tomará las pruebas, nuestros comentarios y en su momento resolverá”.
