Con la asistencia de 23 diputados locales, el pleno de la 58 Legislatura de Querétaro aprobó la Ley de Juicio Político del estado, que contempla las causales y el procedimiento para los funcionarios sujetos a este proceso.
Sin embargo, aunque la iniciativa de ley de revocación de mandato fue aprobada en días recientes en la Comisión de Puntos Constitucionales, no fue incluida dentro de los puntos del orden del día.
Daesy Alvorada Hinojosa, diputada panista, quien preside la Comisión Especial Legislativa para el Sistema Anticorrupción, destacó que el juicio político constituye un instrumento más de control de la democracia, al establecer límites en el ejercicio del poder.
“Se suma a estos mecanismos que potencialmente acotan el ejercicio adecuado de las responsabilidades y funciones de los servidores públicos, toda vez que este instrumento podría ser procedente cuando los actos u omisiones de aquellos servidores […] redunden en el perjuicio de los intereses públicos”, añadió.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las sanciones establecidas van desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación de uno a 20 años del funcionario, quien deberá de comparecer ante la Legislatura local y el Tribunal Superior de Justicia, instancia que será la última en emitir la sentencia.
Los sujetos a juicio político, establecidos en el artículo 38 de la Constitución estatal, son los magistrados de tribunales; jueces del Poder Judicial; secretarios, sub-secretarios, oficial Mayor y directores de la administración estatal; fiscal general; ministerios públicos; auditor superior; comisionados de Transparencia y Acceso a la Información Pública; miembros de alcaldías, y directores generales de entidades paraestatales y paramunicipales.
Aunque la Constitución no establece la figura del Ejecutivo, el dictamen aprobado por el pleno señala que: el gobernador del estado, durante el ejercicio de su cargo, sólo será responsable por delitos graves del orden común y contra la soberanía del Estado.
Revocación de mandato.
El diputado priísta Héctor Magaña Rentería, quien presentó una iniciativa para crear la figura constitucional de revocación de mandato, acusó una falta de interés y de voluntad por parte de los miembros de la Junta de Coordinación Política, al no integrar este punto en la orden del día.
Dijo que el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Luis Antonio Rangel Méndez, confirmó que esta propuesta sería integrada en la sesión de pleno del 18 de mayo. Aseguró que pedirá una explicación para conocer por qué no se sesionó.
“No quisiera yo pensar que estar en un escenario abierto y expuestos ante los universitarios haya sido el motivo por el que no se haya podido sesionar. Pediremos explicación para que […] nos aseguren que en la siguiente sesión se va a llevar a cabo la sesión donde se vote la revocación de mandato”.