El secretario de Administración durante el gobierno municipal de Corregidora 2009-2012 y el secretario de Obras Públicas en la gestión 2012-2015 han sido inhabilitados por cinco y 10 años, respectivamente, luego de que se identificaran anomalías por parte de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) y la Contraloría del ayuntamiento.
Los funcionarios tendrán que resarcir los daños económicos que se ocasionaron por los ilícitos de los que se les señala; deben regresar a las arcas municipales 840 mil pesos, dio a conocer el contralor de aquella demarcación, Óscar García Morales.
En el caso del secretario de Administración, podrían iniciarse averiguaciones de carácter federal por parte de la Secretaría de la Función Pública.
“Entre las atribuciones que tiene la Contraloría recibimos quejas y denuncias tanto de particulares como de instituciones oficiales, en este caso estamos hablando que los procedimientos recientemente resueltos fueron por denuncias administrativas, que fueron presentadas por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, cuando auditó un programa federal y el otro que fueron observaciones de la ESFE”, mencionó.
En total se detectaron anomalías de nueve funcionarios públicos; sin embargo, en dos casos se abstuvieron de sancionar, pues se dio cuenta que la falta era menor y la participación de las personas fue mínima, aunque fueron despedidos.
Cinco personas fueron amonestadas, por lo que sus expedientes quedan etiquetados en Recursos Humanos y en la Contraloría Estatal.
De la administración que encabezó el priísta Carmelo Mendieta, se detectó a tres funcionarios; mientras que en el caso del gobierno del panista Antonio Zapata–actual diputado local– hasta el momento se han detectado anomalías de seis empleados.
Todos ellos han sido dados de baja, afirmó Óscar García Morales.
Mencionó que por ahora no se pueden dar a conocer los nombres de estas personas por respeto a la ley, toda vez que se encuentran en proceso de impugnación; sin embargo, una vez que concluya el plazo se anunciará a todos los involucrados, aseguró el contralor municipal.
“Se respeta la garantía de audiencia de los encausados para que puedan desvirtuar las observaciones o solventarlas, según sea el caso, no fue así en este supuesto. Resolvimos cuatro procedimientos de responsabilidades disciplinarias y resarcitoria, en total sujetamos a investigación a nueve ex funcionarios públicos”, comentó.
En lo que respecta a los presidentes municipales, Óscar García Morales destacó que ninguno tuvo injerencia, en cuando a la información que se ha analizado.
Sin embargo, cabe recordar que la presente administración se encuentra haciendo las revisiones del último semestre del año pasado, con el objetivo de comprobar que no haya más anomalías; el resultado se dará a conocer durante noviembre.
De igual manera, el funcionario municipal destacó que no se tuvo que hacer la denuncia ante las autoridades ministeriales, porque “no es propiamente un delito”; no obstante, se tienen establecidas las sanciones económicas y los inculpados tendrán que reintegrar el recurso.
