Al menos 5% del presupuesto de salud en el estado pide el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro (Coepsique) para la atención de pacientes con trastornos mentales.
El secretario del Consejo Directivo de dicho organismo, Víctor Vega Mañana, informó que en la última sesión de pleno del Congreso local logró frenar la iniciativa de Ley de Salud Mental por “huecos” jurídicos.
Recalcó la necesidad de blindar una cantidad de recurso para la atención de los pacientes con trastornos mentales, pues esto garantizará la ejecución de programas de salud.
Vega Magaña mencionó que el día de hoy, 20 de febrero, se reunirán con los diputados del Congreso local, incluyendo a Juan Luis Iñiguez Hernández, autor de la iniciativa, para trabajar en las observaciones emitidas por los psicólogos.
Aunque indicó que han existido acercamientos con los legisladores, aún no se han logrado acuerdos en cuanto a la cantidad de presupuesto que debe destinarse a este rubro, ni en la regulación de la figura del Centro Estatal de Salud Mental (Cesam), pues reiteró que, hasta el momento, esta institución no cuenta con el peso jurídico necesario para ser un centro de atención de primer nivel.
“Lo que más nos preocupa es el porcentaje. Hablaba por teléfono, el pasado viernes, para ultimar los detalles de la reunión con el diputado Iñíguez Hernández y él insiste en que el porcentaje lo dejemos abierto. Nosotros consideramos que no es factible dejarlo abierto y, precisamente, sugerimos que entre el 5% al menos, debe estar claramente marcado en la Ley de Salud Mental, porque con esto se va a determinar el compromiso de la autoridad estatal”, sostuvo.
Una de las propuestas de Coepsique es incluir en la iniciativa la figura de una nueva instancia, ya sea un instituto o dirección, encargada del tema a nivel estatal; asimismo, señalan la necesidad de regular y normar el ejercicio profesional, así como generar programas de atención para atender problemas de depresión, adicción y violencia que también incluyan a la población vulnerable, como adultos mayores, indigentes, personas con discapacidad, inmigrantes o con diferente preferencia sexual.
“Esto es un beneficio para la ciudadanía e incluso un beneficio para el Cesam, porque maneja muy bajo presupuesto y se le daría estatus de una dirección tendría mayor recurso […] Me parece que están tratando de legislar de una manera exprésm sin revisar a conciencia las necesidades y demandas de la ciudadanía. Deberían ser más sensibles”, expresó.
Algunas observaciones emitidas, en su momento, por especialistas en salud mental hacían referencia a “vacíos legales” en cuanto a la obligatoriedad de la certificación del personal de salud y la necesidad de incorporar una perspectiva psicológica y no exclusivamente psiquiátrica.
