Carmen Consolación González Loyola, hermana de Pablo González, dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), señaló que el desalojo que se realizó durante la madrugada del domingo fue inconstitucional, ya que los comerciantes no fueron notificados y no hubo un mandato judicial que avalara el desalojo.
Aseguró que los vendedores de la Alameda tenían un contrato de comodato con el municipio desde hace más de 18 años. “No existe ninguna orden judicial, los comerciantes no fueron notificados y hoy se encuentran en una situación de mucha preocupación e incertidumbre”, manifestó.
Indicó que al menos 10 comerciantes que quisieron recuperar su mercancía fueron detenidos por la Policía Municipal. Acusó que los productos están ocultos, lo que significa un acto de arbitrariedad e inconstitucionalidad.
Dijo que denunciará los hechos ante todas las instancias correspondientes, como la Fiscalía General del Estado e incluso ante la Defensoría de los Derechos Humanos.
Se dijo preocupada por las acciones que ha realizado el gobierno estatal y municipal –la detención de Pablo González el pasado viernes y el desalojo de los puestos comerciales de la Alameda Hidalgo la madrugada de este domingo–, que en su opinión son muestra de que en el estado no hay cabida a la disidencia política.
Líderes de esta organización social informaron que realizarán una manifestación en la entrada principal de la Alameda Hidalgo este lunes a las 9:00 de la mañana, a la cual asistirán diversas asociaciones que han mostrado solidaridad con los comerciantes.
Carmen González Loyola mencionó que desde el pasado viernes se han integrado a las manifestaciones militantes de la UCFCP de San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Estado de México; en los próximos días seguirán llegando más personas para incorporarse a las protestas.
Frida González, hija del dirigente de la UCFCP, aseguró que la detención de su padre se debe a “motivos personales”, por lo que lo consideró un preso político. Aprovechó para exigir su libertad inmediata.
“No sabemos por qué nos desalojaron, no llegó ningún mandamiento escrito donde nos mencionaran qué personas, qué lugar o qué cosa estábamos violentando, no nos hicieron saber nada antes. Están violando nuestros derechos como comerciantes, principalmente nuestro derecho al estricto proceso legal”, denunció.
Agregó que la privación de la libertad de González es por haber ejercido dos garantías: la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.
Frida González indicó que la acusación se finca con base en la declaración de un comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y cuatro de sus subalternos.
“Se les está fincando responsabilidades porque dicen que él [Pablo González] expresó que iban a quemar patrullas, pero no existe más que el puro dicho de los policías”, concluyó la hija del dirigente.
