Algunos anexos son verdaderas sucursales del infierno en la tierra, así lo manifestó Guillermo Tamborrel, titular del Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA) quien coincidió con el ómbudsman queretano, Miguel Nava Alvarado, que denunció las condiciones de precariedad que existen en estos centros de rehabilitación, los cuales que tienen el objetivo de apoyar a personas que sufren de alguna adicción a drogas legales o ilegales.
“Comparto el punto de vista del ómbudsman. En Querétaro tenemos alrededor de 90 establecimientos residenciales o anexos. De esos 90, sólo ocho tienen el reconocimiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), que están trabajando de manera correcta, es decir, están ofreciendo tratamientos con cierta eficiencia, con respeto a los derechos humanos”.
Agregó que estima que hay cerca de 30 que también están trabajando bien, aun cuando no tienen el reconocimiento, pero hay alrededor de 50 que en algunos de los casos “son verdaderamente sucursales del infierno en la tierra”.
Consideró que actualmente existe un vacío legal, ya que para poder abrir un centro de rehabilitación, la ley sólo les pide a los interesados, cumplir con la regulación sanitaria y con las normas que Protección Civil establece, sin embargo, aseguró que es necesario trabajar en la profesionalización integral de dichos centros, integrando a personal capacitado para que realmente pueda ayudar a los pacientes.
“Es gente que no tiene capacitación. La única capacitación que tiene el padrino es la propia experiencia, pero no hay un estudio, no hay metodología, no hay nada. El problema que tenemos en Querétaro es que no están capacitados, no participa un médico, no participa un psicólogo, un psiquiatra y simplemente es la experiencia de una persona con adicción, que ya, entre comillas, la venció”.
Señaló que para operar un centro de estos se requiere una capacidad técnica y capacidad administrativa y empresarial, porque finalmente están poniendo un negocio. La realidad es que ni siquiera dan el aviso a la Secretaría de Salud, no existe una licencia en el municipio.
Tamborrel Suárez quiso puntualizar que el Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA) actualmente no cuenta con ninguna posibilidad o facultad de realizar alguna inspección en los anexos, lo que consideró frustrante, ya que no pueden coadyuvar en la implementación de una metodología que abone a la rehabilitación de las personas que hacen uso de estos centros.
“En el CECA no tenemos facultad alguna, ni de revisarlos ni de sancionarlos. No tenemos capacidad jurídica para hacer nada. Hay una sensación de impotencia y de frustración”, señaló.
Dijo que ya está trabajando en una ley que les permita inspeccionar y vigilar las condiciones de anexos, así como tratamientos que ahí se otorgan, por lo que solicitó el apoyo interinstitucional, especialmente de los legisladores.
“Ya estamos trabajando en una nueva ley para vigilar que los tratamientos sean los correctos, que hoy no existe y vigilar la metodología de los tratamientos, ya que debes tener protocolos, tienen que cumplir con normas, que a decir verdad, hoy por hoy, no se los puedo exigir porque no tengo la capacidad ni personalidad jurídica para hacerlo”.
