Tras la confirmación por el Tribunal Unitario de la sentencia de un año de condena de prisión y su inhabilitación como funcionarias a la ex alcaldesa Graciela Juárez y la ex tesorera Aideé Verónica Corona García, el coordinador de la bancada panista, Guillermo Vega Guerrero, dijo que esto queda como precedente en el estado para el respeto a la ley.
Por su parte, Braulio Guerra Urbiola, del partido tricolor, justificó a Graciela Juárez de ser víctima de esta situación.
Hace un año diversos actores priístas fueron separados de su cargo al incurrir en desacato por no regresar el dinero recaudado por derecho al alumbrado público (DAP) a una empresa que recurrió al amparo. Al resolver el caso, el tribunal determinó responsables del delito por no cumplir en el plazo establecido la devolución de 326 mil 587 pesos a una persona moral.
Entre los sentenciados también se encuentran el ex líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex alcalde Alonso Landeros y el ex tesorero municipal en su administración, José Jaime Sixtos.
Al respecto, el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local puntualizó que la sentencia por desacato a la autoridad demuestra que estos errores tienen consecuencias y obligan a ser apegados por la ley. Reconoció a las instituciones judiciales por su actuar responsable, al tiempo que subrayó que todos los representantes públicos tendrán que estar atentos a no caer en una falta legal o descuido, como señaló que fue el caso de la alcaldesa, situación que afectó a Pedro Escobedo por el cambio de la presidencia municipal.
“Si ya la autoridad federal ha encontrado que fueron responsables de la comisión de este delito de desacato, de abuso de autoridad, avalamos que se aplique la ley, que se conmine a las autoridades, independientemente de las autoridades, que se cumpla con la ley”, subrayó Vega Guerrero.
En contraparte, el priísta Braulio Guerra Urbiola dijo que la ex presidenta municipal de Pedro Escobedo fue víctima de las circunstancias y no fue una alcaldesa involucrada con casos de corrupción o irregularidades con recursos públicos mal orientados.
Aunque dijo que desconocía de la sentencia, mostró solidaridad y apoyo a su compañera de partido. “Chela Juárez es víctima de una circunstancia donde no se hizo el pago a tiempo. Desatendieron el expediente o se traspapeló, no tuvieron conocimiento de ello, en el caso de Graciela y la repercusión legal de la sentencia le genera este tipo de situaciones en las que está”, afirmó el priísta.
Finalmente, Guerra Urbiola reconoció que este caso obliga a todas las administraciones públicas a ser cuidadosa de cumplir las sentencias que se dicten.
