La situación legal de las mujeres Hñähñu Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan sentó un precedente para acercar mecanismos de apoyo y defensa a los pobladores indígenas de la entidad queretana, que ahora cuentan con el acompañamiento de intérpretes para el desahogo de procesos, aseguró el presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya.
El alcalde celebró que la PGR ofreciera una disculpa pública a las indígenas queretanas que en 2006 fueron acusadas de secuestrar a elementos de la otrora Agencia Federal de Investigación, en un proceso plagado de irregularidades.
Fue en marzo de 2006 cuando agentes de la AFI acudieron a un tianguis ubicado en la localidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco a decomisar mercancías apócrifas. Las indígenas afectadas por el aseguramiento de los artículos exigieron a los agentes no retirarse hasta que devolvieran la mercancía.
Luego de estos hechos, las mujeres fueron detenidas el tres de agosto y sentenciadas a 21 años de prisión por el presunto secuestro de los agentes. Luego de encontrarse irregularidades en el proceso, en 2010, la Suprema Corte las declaró inocentes, sin embargo, las amealcenses permanecieron recluidas en el tiempo que duró el proceso de absolución.
Anaya aseguró que durante muchos años los habitantes indígenas han enfrentado procesos legales irregulares a falta de asesoría en su lengua materna o por desconocimiento de las leyes. Explicó que los casos más recurrentes, están relacionados con riñas y lesiones, que a pesar de tratarse de faltas administrativas, han llevado a los indígenas a centros penitenciarios porque en su momento no contaban con medios de defensa efectivos.
Agregó que actualmente en la entidad se cuenta con el apoyo de 12 intérpretes certificados, lo que permite una defensa más efectiva de los derechos de los pobladores indígenas cuando se enfrentan a algún proceso.
“El caso de Teresa Jacinta y Alberta nos dejó un antecedente, que es el hecho de que en cada proceso legal en el que estuviera involucrada una persona indígena, fuera por delante un intérprete, porque es una situación en la que muchas ocasiones se violentan los derechos de las personas al momento de recluirlas“.
Para diciembre de 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas cuantificó 38 indígenas recluidos en centros penitenciarios del estado. De los internos, ocho estaban en posibilidades de obtener su libertad con el pago de una fianza.
Para 2016 un total de 24 indígenas obtuvieron su libertad gracias al apoyo de intérpretes en la lengua otomí que dieron seguimiento a sus procesos. Los delitos que purgaban estaban relacionados con lesiones derivadas de riña, por lo que fueron ex carcelados con el pago de fianzas, solventadas también por la CDI.
