Los funcionarios públicos y sus familias deberían estar obligados transparentar su declaración patrimonial consideré el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, Marco Antonio León Hernández.
Precisó que esta medida es para evitar que existan prestanombres en cuanto a la adquisición de bienes por parte de funcionarios públicos.
“Deben hacerse públicas las declaraciones patrimoniales y las del círculo más cercano (familiares), porque el problema es la simulación en los bienes”, dijo.
Asimismo, consideró que los funcionarios que se nieguen a hacer públicos sus bienes por temor a ser víctimas del crimen organizado no “vistan de piñata si no quieren que les den de palos”.
Actualmente, los servidores públicos deben realizar está declaración cuando rinden protesta en el cargo que van a desempeñar y al salir de éste, excepto en aquellos casos en donde durante la gestión haya cambios es sus bienes.
“No hay ningún límite, es la habilidad de cada quien para hacer fortuna. La tienes que presentar cuando entras y sales (del cargo) pero si tiene alguna modificación, se tiene que hacer anualmente”, explicó.
Los funcionarios públicos están obligados legalmente a presentar su declaración patrimonial. El artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que es “la obligación de todo funcionario a presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley”.
Bajo este esquema, las declaraciones patrimoniales por obligación legal se entregan a órganos de control o instancias reguladoras de carácter público, integradas normalmente por los propios integrantes de la clase política.
“Los servidores públicos sí están obligados, pero las instancias, los órganos de control interno que las reciben no pueden divulgarlas porque tienen datos confidenciales y más en una época de criminalidad como la de ahora, es muy riesgoso, sólo por mandato judicial deberían de abrirse”, informó el diputado local.
Esta medida de control, vinculada a combatir el abuso del erario y al apropiamiento privado del patrimonio público, no es sólo una preocupación nacional, hay instrumentos jurídicos internacionales firmados por nuestro país que la prevén, entre ellos la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
También está la Declaración Sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de esa Convención; la Convención contra el Soborno Trasnacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
El legislador local manifestó que aunque estas declaraciones contienen información privada, será necesario que los funcionarios garanticen que no se beneficiarán y que el dinero de la ciudadanía está a salvo.
“Hablamos de familiares (quienes también deberían hacer una declaración patrimonial), porque vas a manejar el dinero del pueblo, de todos; entonces si no quieres involucrar en eso a tu familia entonces no lo hagas y deja que lo haga quien sí tenga la actitud Juarista del republicanismo de sus recursos”, concluyó.
