La Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) de Querétaro emitió una recomendación al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Arsenio Durán Becerra, y al presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, esto por la presunta violación a los derechos de legalidad, igualdad y trato digno que realizaron tanto policías municipales y agentes del Ministerio Público en contra de Laura Torres, joven víctima de abuso sexual.
De acuerdo con el presidente de la Defensoría, Miguel Nava Alvarado, la denuncia fue presentada el 4 de febrero por el padre de la víctima, Martín Torres, quien se presentó en la agencia especializada en delitos sexuales contra el menor y violencia intrafamiliar.
En este sentido, el MP dio inicio a la averiguación previa, sin embargo, el pasado 10 de febrero la PGJE inició una segunda averiguación con motivo de la muerte de la agraviada, cuyo cuerpo se localizó en avenida Constituyentes, por probable suicidio.
“Es importante precisar que en ambas indagatorias se encontraron notorias inconsistencias administrativas que son objeto de recomendación, pero este organismo no tiene elementos probatorios objetivos para determinar que el probable suicidio de la agraviada fue consecuencia directa de la denuncia que formuló días antes de su deceso ante la Agente del Ministerio Público”, comentó el ombudsman.
El titular de la DDH recordó que el 13 de febrero el padre de Laura Torres compareció ante la defensoría para imputar conductas ilegales cometidas por servidores públicos estatales y municipales en agravio de su hija.
Explicó que dentro de las irregularidades que se advierten son incongruencias en las fechas y horas en las que están integradas algunas diligencias y folios alterados a partir de las diligencias fechadas el 10 de febrero (día en que la agraviada fallecido).
Esto aunado a la falta de atención personalizada, ya que la ofendida se le refiere en masculino y posteriormente como menor, además de que fue asistida por el padre y no por la madre. De igual modo la agraviada proporcionó el nombre, teléfono celular, matrícula vehicular, universidad y nombre de su agresor, sin que el personal de la PGJ se abocara de inmediato a investigar y realizar las diligencias adecuadas.
“A pesar de que el quejoso acompañó a su hija a la agencia y estaba en posibilidad de rendir el testimonio, no se recabó su declaración con el objetivo de coadyuvar con la investigación, se programó su comparecencia para el 19 de febrero, quince días después de los hechos y 9 de su fallecimiento”, aseguró Miguel Nava.
Refirió que no se le brindó asistencia a Laura Torres como víctima del delito de forma inmediata. Sin embargo, a más de cuatro meses de los hechos no se ha consignado la averiguación previa por el probable delito de violación y no se ha solicitado la aprehensión en contra del agresor.
“Con las graves omisiones y actos del personal de la PGJ que todavía intervienen en las indagatorias que nos ocupan, se ha impedido a las víctimas del acceso a la justicia, generando impunidad y desconfianza social en la única institución de Procuración de Justicia de la entidad”, dijo el ombudsman.
Dentro de las recomendaciones que hace la Defensoría a la Procuraduría General de Justicia y al municipio es que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de las y los servidores públicos señalados, así como quienes resulten responsables.