El municipio de San Juan del Río deberá pagar 1.3 millones de pesos de indemnización a cuatro ex policías que interpusieron la demanda tras haber sido despedidos en la presente administración, confirmó su representante legal, Norma Rocha Ferrer.
La abogada explicó que otros ocho policías en las mismas circunstancias están a la espera de que se emita una resolución a su favor por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Cadereyta.
En este periodo cerca de 40 elementos de Seguridad Pública han sido despedidos, algunos de estos por reprobar controles de confianza, otros por contar con antecedentes penales y por lo menos cuatro fueron cesados por resultar responsables de filtrar información de carácter reservado y hacer uso de redes sociales para denostar la actividad de la corporación, según informó en su momento el titular de la dependencia, Arturo Calvario.
Para septiembre de 2016, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que 30 elementos de policía iniciaron demandas por despidos injustificados ante el tribunal de Cadereyta.
En conjunto, los elementos exigieron una indemnización de 7.6 millones de pesos.
La representante legal de ocho de los policías despedidos reconoció que al momento ha habido disposición de la administración municipal por cumplir el pago de indemnizaciones, pero aseguró que esto se debe a que, en caso de desacatar las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso, los funcionarios que nieguen el pago pueden ser acreedores a sanciones como separación de sus cargos.
“Las sanciones a las que pueden ser acreedores son de inhabilitación, por eso es que hay tanto interés en atender las demandas de los policías, ahorita obtuvimos la resolución a favor de cuatro elementos despedidos, se les dará cerca de 300 mil pesos” señaló.
Rocha Ferrer aseguró que debido a que los despidos de los elementos no fueron valorados ante el Consejo de Honor y Justicia, no se argumentó una causa específica, por ello es que el Tribunal ha emitido fallos a favor de los afectados al corroborarse que fueron despedidos de forma injustificada.
Más casos. La indemnización que debe otorgarse a un policía incluyen 20 días de salario por cada año de prestación de servicio, 90 días de indemnización constitucional, prestaciones devengadas como antigüedad, partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional, explicó Norma Rocha.
Rocha Ferrer representa a otros cuatro trabajadores despedidos en la pasada administración, incluida ella. Por estos casos se han iniciado tres procesos de embargo los cuales no se han ejecutado ante los amparos a los que ha recurrido el gobierno local.
“El municipio le ha dado largas a estos casos, ahorita interpusieron un amparo ante el proceso de embargo que iniciamos desde el año pasado, aunque saben que es improcedente, ellos lo que quieren es postergar el cumplimiento para que sea el siguiente gobierno el que se responsabilice de las indemnizaciones”, señaló la litigante.
La abogada recordó que desde mayo iniciaron los procesos de embargo, pero el municipio dispuso como garantía cuentas bancarias sin fondos y un terreno que no estaba desincorporado, razón por la que dicho embargo no se pudo ejecutar. A pesar de ello, aseguró que los ex trabajadores continuarán demandando la indemnización que les corresponde.
