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El principal accionista de la empresa Oceanografía SA, Amado Yáñez Osuna, estará bajo arraigo en su domicilio durante 40 días por orden de un juez federal y a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), que decidió recurrir a esta medida excepcional a fin de tener “el tiempo suficiente” para recabar las evidencias que permitan establecer la responsabilidad penal del empresario en el fraude por casi 500 millones de dólares en agravio de Banamex.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, expuso en conferencia los motivos por los que el Ministerio Público Federal a cargo de la investigación solicitó el arraigo domiciliario para el empresario, quien al concluir el plazo que fijó el juez podría ser consignado a prisión, ya que el procurador adelantó que si bien en algunos casos cuando no hay evidencias al concluir la medida cautelar se deja a la persona en libertad, dijo: “No creo que suceda en este caso”.
El funcionario federal explicó: “En esta ocasión decidimos utilizar como medida extraordinaria el arraigo —como lo hemos hecho desde que llegamos a la Procuraduría General de la República—, sólo para proteger valores superiores”.
Al respecto, dejó en claro que en el transcurso de esta investigación se han priorizado los objetivos que la PGR se planteó desde que recibió la denuncia: “Primero, tratar de conservar el empleo de 11 mil familias, es decir de 11 mil trabajadores y, en consecuencia, de sus familias; segundo, mantener la operatividad continua de Pemex; tercero, poder recuperar el daño causado económicamente y también, indudablemente, sancionar las actitudes delictivas que se hubiesen cometido”.
Murillo Karam indicó que “si nosotros hubiéramos actuado con celeridad y simple y sencillamente en el ánimo de lograr una orden de aprehensión, hubiésemos utilizado de entrada tener una orden de aprehensión, nos hubiéramos quedado con mucho menos información que nos permitiera resolver los objetivos que nos planteamos desde el principio”.
“Decidimos en consecuencia citar de manera formal al dueño de Oceanografía y él se presentó a declarar; una vez que se presentó a declarar y en lo que escuchamos en la declaración, le expusimos las razones fundamentales que nos movían, sobre todo, las pruebas claves de responsabilidad de orden penal; decidimos utilizar el arraigo, lo solicitamos y nos fue concedido”, explicó Murillo Karam.
Yáñez Osuna se presentó de forma voluntaria el sábado pasado a la PGR en compañía de sus abogados, y hasta ayer, un juez federal especializado concedió el arraigo domiciliario y no en el Centro Federal de Investigaciones (centro de arraigo).
El procurador Murillo Karam se limitó a señalar que se optó por la medida domiciliaria “porque es la mejor forma de asegurarnos la permanencia de la averiguación”.
Indicó que se solicitó la medida “con el propósito de tener el tiempo suficiente de integrar a plenitud todas las evidencias que nos permitan hacer una consignación correcta, pero además, tener la información necesaria para poder darle a la intervención de las empresas la capacidad de manejo y capacidad de trabajo, que nos permita mantener el empleo de 11 mil trabajadores, y que nos permita seguir operando adecuada y correctamente a Pemex sin causar un daño patrimonial mayor”.
Recordó que este caso que llevó el 28 de febrero a la PGR a intervenir Oceanografía, “se deriva de documentos que nos permitieron determinar que se había solicitado un crédito a una institución con documentos que no tenía el sustento legal, esto sucedió en el último trimestre de 2013 y en el primer mes de este año”.
El funcionario rechazó detallar los delitos por los que se investiga a Yáñez Osuna, aunque antes ya había dicho que además del fraude había lavado de dinero; tampoco quiso informar si existen citatorios para otros probables implicados y si el empresario hoy bajo arraigo admitió, en sus declaraciones reconoce las irregularidades de su empresa.
