La presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Yamile David Gallegos, lamentó que no haya sido tomada la opinión de este sector en la reforma del Sistema Estatal Anticorrupción, no obstante espera que sean tomados en cuenta durante la discusión de las leyes secundarias.
Aclaró que presentaron en tiempo y forma sus recomendaciones ante la legislatura local para ser consideras en dicha reforma, entre las que destacan “que el fiscal —general anticorrupción— durara menos años en el cargo, porque 12 nos parece un periodo excesivo; hablamos de la autonomía del fiscal porque nos parece que no va a poder tener autonomía como tal, estando adscrito a otra fiscalía, va a fiscalizar a su propio jefe y eso queremos saber cómo va a funcionar; y también que se ampliaran las facultades para el comité de participación ciudadana”, aseveró.
Reprochó la prisa de los legisladores queretanos por realizar esta armonización local con la federal del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que pudieron esperarse para tomar en cuenta las recomendaciones del observatorio, tal como han hecho otras entidades como Aguascalientes.
“En este tema plantearon rápidamente aprobar una reforma constitucional, abogando que querían ser los primeros y sí, fueron los primeros, pero no fue un planteamiento que fuera más allá de lo que se planteaba en lo federal, o sea, simplemente lo federal lo pasaron al estado, cuando sí que tenían la oportunidad de hacerlo porque otros estados lo hicieron”.
Además de las observaciones que se mencionaron, Yamile David Gallegos adelantó que en la discusión de las leyes secundarias del sistema se planteará mejorar otros puntos relacionados con la selección del comité de participación ciudadana, así como las sanciones a personas físicas y morales que se vean inmiscuidos en actos de corrupción ya que asegura hay muchas cosas que no están definidas.
“Ellos mencionan que va a haber sanciones para particulares que estén relacionados con actos de corrupción —hablando de personas físicas y morales— pero hablando de personas morales, hasta qué nivel va a haber responsabilidad, es decir, si una empresa se sabe que está coludida en un acto de corrupción, la responsabilidad va a ir ¿para el dueño, para el socio, para el gerente o para todos los empleados? Todos esos puntos es bien importante que se definan porque no están definidos. Otro tema es sobre la diferencia entre delitos graves y no graves, está planteando pero no hay un listado para que sepamos cuál es grave y cuál no lo es”, explicó.
Otra de las propuestas está relacionada con las sanciones administrativas que se imponen a los servidores por actos de corrupción “no sirven de nada, porque si un funcionario se roba miles de millones de pesos de nada le importa que lo inhabilites 20 años”.
