Los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobaron por unanimidad el paquete de seis leyes que abonan al nuevo sistema de justicia penal. Los diputados lo destacaron como histórico por el avance que implica en el poder judicial.
Luego de que se armonizaran las leyes con los cambios federales por el nuevo Código Penal Único, los legisladores locales pudieron dar con la aprobación de leyes en materia de justicia penal en Querétaro.
Entre ellas están: la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro (PGJE); la de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica; la de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas; y, por último, la de la Extinción de Dominio.
Con la invitación especial del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Obregón Cebrón, y el subprocurador, Pastor López Cabrera, se celebró la aprobación de los proyectos que incluye la nueva justicia penal, la inclusión de jueces de control, de juicios orales y el complemento al código nacional.
El titular de la Mesa Directiva de la legislatura, Braulio Guerra Urbiola, confió en su buen funcionamiento, aunque dijo que las leyes están abiertas a sufrir modificaciones conforme a la práctica.
“Estamos estrenado un nuevo sistema y siempre con ello habrá ilicitudes y asuntos que abordar cuando tengamos casos en la vida práctica. Nos estamos sujetado a un sistema que parte de las competencias nacionales”, apuntó el diputado Braulio Guerra.
En su intervención, Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, explicó que todas en su conjunto son fundamentales y necesarias para actualizar en el panorama de México y el estado.
Enfatizó la Ley para la Desaparición de Personas, ya que se considerará como un delito tipificado y obligará al estado y a la federación a coordinarse para localizarlas.
“Es una ley que busca llenar un vacío legal porque hasta hoy si una persona es ‘levantada’ se puede ir a presentar la denuncia, pero si no se pide rescate entonces no se considera secuestro, o si no aparece el cuerpo como homicidio, así como el fin de explotación no se considera como trata de personas”, detalló.
En cuanto a la Ley orgánica de la Procuraduría General se planea la creación de una dirección de atención integral y una de medios alternos de solución de controversias para investigaciones y juicios orales.