La pluralidad de opiniones en Querétaro debe respetarse por la autoridad en turno; además, se debe incentivar la justicia pronta y expedita contra los verdaderos criminales del estado y no contra quienes “alzan la voz”, advirtieron Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado independiente y Mauricio Ortiz Proal, coordinador del PRI en el Congreso local.
Lo anterior, después de las declaraciones emitidas por Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, quien en entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro subrayó que en el estado no hay presos políticos y lo que se tiene son personas sujetas a procesos por violar la ley y que dicen ser víctimas de represión para cobijarse en bandera de impunidad.
Por su parte, Ortiz Proal consideró que se debe revisar el marco jurídico donde está inscrito el delito de motín, ya que existen dirigentes sociales acusados de este delito y que en ocasiones defienden causas sociales. “Me parece que la pluralidad en Querétaro se debe respetar. Un marco jurídico demasiado estricto está dando como resultado este tipo de cosas, donde hay algunas personas acusadas por este delito y después de algunos meses se corrobora que no tenían evidencias para sostener las acusaciones (…); tenemos que entender la necesidad de respetarnos unos a otros, dentro de la diversidad”, acotó.
Agregó que pese a que el PRI no tiene una propuesta para modificar el Código Penal del estado en este sentido, se sumará a la revisión de este marco jurídico. Recalcó que en temas relacionados con la seguridad debe existir un análisis permanente, ya que “más allá del clima de paz y tranquilidad, existen delitos del fuero común que incrementa en el estado”.
Por su parte, Sánchez Tapia consideró que la aplicación de delitos, como el de motín, es irresponsable por parte de la autoridad en Querétaro, pues argumentó que se le da un uso “anticonstitucional”.
“Yo llamaría a que el gobierno del estado haga un señalamiento más profundo (…) para que la justicia en Querétaro sea más pronta y expedita en contra de quienes son los criminales de Querétaro. No es posible que a quienes alcen la voz, a quienes están haciendo uso de su libertad constitucional les establezcan un precepto legal, al final de cuentas que por luchar, protestar, salir a las calles, se le aplique todo el rigor de la ley”, advirtió.
Asimismo, sobre el caso de la Alameda Hidalgo y las declaraciones de gobierno del estado que sentenciaron que se aplicarán todos los mecanismos jurídicos para que este espacio sea entregado a la ciudadanía, recalcó que el gobierno municipal deberá acatar la ley federal.
En tanto, Ortiz Proal coincidió en que se debe respetar la ley, a la par de que se debe utilizar herramientas, como la negociación y el diálogo, para encontrar soluciones que dejen mayoritariamente satisfechos a los queretanos. “Tratar de convencerlos (a los comerciantes) para poder tomar alguna otra opción”, propuso.
