Al igual que con la Ley de Transparencia de Querétaro, el Congreso local incumple con al menos ocho disposiciones federales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Acceso a la Información, pues dicha normatividad federal establece 15 datos que los Congresos de todas las entidades federativas deben poner a disposición del público y mantener actualizados de manera permanente.
Entre las transgresiones en las que incurre el poder Legislativo se encuentra no poner a disposición de los ciudadanos la agenda legislativa, toda vez que estos datos son dados a conocer sólo a los medios de comunicación y aunque casi todas las sesiones son abiertas al público, no existe un apartado en la página web donde se presenten.
Este articulado señala que las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia también deben ser públicos, sin embargo, de esta labor se encarga la Comisión Instructora, misma que sesiona de manera privada y no brinda información por tratarse de procedimientos en los que se trabaja bajo la presunción de inocencia, como lo ha declarado su presidente, el diputado priísta Mauricio Ortiz Proal.
Dentro de la plataforma digital del Legislativo no hay un apartado en el que se den a conocer los datos de las contrataciones de servicios personales, pues para conocer el desglose de la manera en que se utilizan las prerrogativas por cada diputado se tiene que solicitar un Acceso a la Información, pese a que debería ser abierto a todo el público.
En este rubro también se violenta el apartado que obliga al Congreso local a presentar “el informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros”, pues éste no se halla en la página oficial.
Al inicio del año el Congreso Local dio a conocer que se llevaría a cabo un diagnóstico sobre las condiciones estructurales de la sede legislativa, pero la información del costo y resultados del mismo no han sido publicados , incumpliendo así con la obligatoriedad de dar información “sobre los resultados de estudios o investigaciones”.
La Legislatura debería presentar el padrón de cabilderos, que son aquellas personas encargadas de conocer los puntos de vista de los diversos actores políticos y sociales involucrados en la presentación de alguna iniciativa de ley, pero estos datos no son públicos.
Tampoco se cumple con la presentación permanente de gacetas parlamentarias porque no todas son expuestas en tiempo y forma. Órdenes del día, iniciativas, decretos y puntos de acuerdo son otros aspectos que no se cubren como lo marca la ley.