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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño patrimonial y moral a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo presa durante tres años por supuestamente secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
El tribunal ordenó, con voto diferenciado, que la reparación económica del daño cubra el tiempo que la otomí no pudo trabajar y que la PGR entregue una cantidad adicional por daño moral, ya que durante su aprehensión se lesionó su honor, sentimientos, vida privada, decoro, reputación y aspecto físico.
Este órgano determinó también que la PGR debe reconocer la inocencia de Jacinta, otorgándole una disculpa pública al menos en los mismos medios donde se difundió la acusación en su contra.
La PGR puede impugnar esta decisión a través de un juzgado de distrito en materia administrativa.
Jacinta Francisco Marcial fue detenida en 2006, acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), junto con Alberta Alcántara y Teresa González. Tres años después fue liberada por el desistimiento de la PGR.
Los magistrados emitieron ocho votos a favor y dos en contra de la ponencia y tesis elaboradas por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel y, consecuentemente, resolvieron que resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en tanto Jacinta Francisco Marcial acreditó los extremos de su pretensión.
En la sesión, a la cual asistió Jacinta Francisco Marcial, acompañada de su abogado y de representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el presidente del tribunal, Hallivis Pelayo, precisó que no se mencionarían los montos correspondientes a la indemnización para efectos de cumplir con el Artículo 3, fracción 6, y 13, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en beneficio de la mujer indígena y otomí.
Además, dijo que el pleno de este tribunal consideró necesaria la emisión de la sentencia en formato de lectura fácil, para salvaguardar los derechos de acceso a la justicia de Jacinta Francisco Marcial y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como lo establece el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los abogados de la indígena otomí, quienes también son integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, informaron que la PGR tiene 10 días a partir de la notificación del fallo para aceptar o impugnar la sentencia.
En noviembre pasado, el TFJFA otorgó un fallo similar para Alberta y Teresa, con lo que sentó un precedente histórico en lo que respecta a la reparación del daño en nuestro país. Sin embargo, dichas sentencias no fueron aceptadas por la PGR y siguen en revisión.
