Cuatro de 18 municipios en el estado de Querétaro cumplen con las disposiciones que establece la ley en mejora regulatoria, informó la titular de la comisión en la materia, María de los Ángeles Pérez Rojas.
Luego de la publicación de la Ley General de Mejora Regulatoria, el 18 mayo de 2018, y la aprobación en el pleno la semana pasada de la ley aplicable al estado de Querétaro, los municipios cuentan con un año para homologar sus legislaciones municipales, dijo.
La Comisión de Mejora Regulatoria dijo que sólo los municipios de Corregidora, Querétaro, El Marqués y Jalpan cuentan con las herramientas dispuestas en la ley general, el resto carece de ello debido a que presentan deficiencias presupuestales, apuntó.
La nueva ley obliga a los estados y municipios a que toda regulación sea puesta en consulta pública, mientras que prohibe generar nuevas regulaciones si no se consulta al sector que regula, explicó.
Al mismo tiempo, las autoridades locales de mejora regulatoria podrán solicitar que se eliminen regulaciones que restan valor a la economía y las recomendaciones serán vinculantes.
Destacó que el municipio de Querétaro es el que más ha trabajado en sus regulaciones ya que modificó alrededor de 80 de ellas gracias a las observaciones señaladas por la Cemer.
Son 6 las disposiciones que las legislaciones municipales deben de adoptar en relación a la mejora regulatoria para aprobar los requisitos federales, comentó Pérez Rojas.
En primer lugar, los municipios deben establecer un registro municipal de trámites y servicios en el que definan en un catálogo nacional abierto al público todos los requisitos exigibles en los trámites municipales, detalló.
Afirmó que la autoridad no podrá pedir un requisito adicional que no esté inscrito en dicho registro. Además, no podrá registrar un trámite si no está especificado en alguna regulación. Esto genera certeza y elimina la brecha de la corrupción, argumentó.
En segundo lugar, los municipios tienen que legislar la figura de la protesta ciudadana, para que los queretanos levanten quejas sobre trámites y servicios inadecuados, los cuales deberán ser revisados por la Cemer.
En tercer lugar, los municipios están obligados a realizar un análisis de impacto regulatorio cada vez que generen nuevas regulaciones a través de la Cemer, para verificar que las nuevas disposiciones aporten en la simplificación de trámites y la eficiencia económica del territorio.
En cuarto lugar, los municipiosson responsables de publicar un padrón público de verificadores encargado de revisar las regulaciones, además de establecer una agenda de visitas por parte de los verificadores a las distintas instancias municipales.
Finalmente, los municipios deberán realizar revisiones de las regulaciones para identificar los resultados obtenidos.
bft