La Contraloría del ayuntamiento de Corregidora presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de tres ex funcionarios y el ex presidente municipal José Carmen Mendieta Olvera (2009-2012).
La demanda corresponde a la evasión fiscal durante 2011, por un boquete financiero de 36 millones de pesos; 20 millones de pesos por los recursos que se dejaron de pagar y 16 restantes por las multas y recargos que se generaron.
El presidente municipal de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero, confirmó que se está analizando la posible participación de quienes laboraron en el trienio pasado.
Agregó que podrían surgir más denuncias de este tipo en contra de los ex funcionarios; sin embargo, por el momento se está a la espera de los resultados que vaya arrojando la Contraloría municipal.
“Estamos estructurando los datos para que la semana que entra y las subsecuentes sigamos presentando denuncias, ya que nos falta revisar la cuestión fiscal de 2012. La cuestión del relleno sanitario y la falta de material. Estamos trabajando”, asentó el alcalde.
Informó que con este tipo de denuncias se está buscando que se aplique la ley de manera puntual. Porque dejar pasar este tipo de situaciones se estaría convirtiendo en cómplice.
“No vamos tolerar que haya desviaciones. Me parece que tenemos que ser correctos y justos en este tema. Yo no puedo dejar de pasar esta situación porque me estaría convirtiendo cómplice y asumir en lo personal la responsabilidad. Hacienda no le interesa saber quién es el presidente municipal, lo que le importa es que se cumpla con la responsabilidad fiscal y a quien esté en el cargo”, manifestó Zapata Guerrero.
Por su parte, el contralor municipal Julián Martínez Ortiz, informó que una vez que el municipio interpuso esta denuncia penal en contra del ex regidor síndico, Javier Navarrete, la ex secretaria de Tesorería y Finanzas Elizabeth Morales, el ex titular de Administración Cesar Chavero; así como el ex alcalde, José Carmen Olvera Mendieta; corresponde ahora al Ministerio Público federal hacer el análisis y la investigación de los elementos que sustentan esta denuncia y que conforman posible actos constitutivos del delito.
“Ellos determinarán si es procedente y lo podrán turnar a un juez si es que se acredita el delito, nosotros presentamos la intervención que realizó Hacienda, quien determinó un adeudo fiscal por parte del municipio del orden de 36 millones de pesos; 20 millones aproximadamente son los impuestos y 16 millones corresponden a los accesorios que son multas, recargos y actualizaciones”, dijo Martínez Ortiz.
El controlar municipal confirmó que como servidores públicos tiene la responsabilidad de denunciar aquellos hechos que pudieran resultar constitutivos de un delito, por lo que en este caso a través de una serie de revisiones se acreditó que existía un adeudo de una situación que no se encuentra dentro de la norma.
En relación a futuras denuncias el funcionario informó que actualmente se están integrando expedientes.
