Los diputados Norma Mejía Lira, Juan Luis Íñiguez Hernández, Antonieta Puebla Vega y Luis Antonio Zapata Guerrero, integrantes de la Comisión de Hacienda en la LVIII Legislatura, aprobaron la adición del artículo 65 a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.
La modificación tiene la finalidad de dar formalidad al proceso de desincorporación de bienes de dominio público, establecer un orden en las solicitudes que los poderes del estado —sean de nivel estatal o municipal— presenten a la Legislatura para que les autorice desincorporar inmuebles de su patrimonio con el fin de donarlos o venderlos.
La presidenta de la comisión legislativa, la diputada Norma Mejía, dijo que “es necesario dotar a los legisladores de elementos suficientes para tomar decisiones informadas que garanticen a la sociedad la correcta utilización de los recursos públicos”.
Añadió que “[no debemos] dejar al azar ninguna posibilidad de que se presenten errores o fallas administrativas y jurídicas, que en última instancia repercutan en un detrimento para la Hacienda pública. Existe la gran responsabilidad de representar con transparencia a los ciudadanos, de hacerlo a través de una administración eficiente y planeada con los recursos que les pertenecen”.
En esta reforma se proponen adicionar cuatro requisitos más para las solicitudes de desincorporación de predios de bienes, explicó la legisladora Mejía Lira.
Los puntos son: confirmar la existencia de la propiedad; que se cumpla con el procedimiento administrativo que debe llevarse al interior de los ayuntamientos; confirmar la existencia de los beneficiarios de la desincorporación; justificar con los documentales conducentes y que se cumpla con el beneficio social que impacte y se vea reflejado en la población.
La diputada señaló que “actualmente existen muchos riesgos en la materia”, por lo que con esta iniciativa ya no sería posible aprobar la transmisión de una propiedad con vicios, sobre la que pesen cargas y gravámenes, que tengan lagunas en el procedimiento administrativo al interior de la entidad, que el movimiento se realice “sólo por interés de unos cuantos” o que se pretenda usarlos con el objetivo de cubrir pasivos o favorecer a un particular.
Los movimientos, destacó, “deben tener un objetivo social que beneficie a la ciudadanía”.
Calificó como “indispensable” cuidar la autorización de movimientos de esta naturaleza en las dependencias de Hacienda estatales y municipales, toda vez que es materia de la comisión que preside.
La diputada reiteró su “total compromiso de poner en orden y dar certeza a un trabajo realizado con transparencia para la ciudadanía”.
Asimismo, destacó que con esta iniciativa se da certeza a la desincorporación de bienes públicos.
“La ley establece los requisitos indispensables que todas las solicitudes de venta o donación de bienes inmuebles —propiedad de los poderes del estado y entidades públicas— deben cubrir para asegurar que la transmisión de la propiedad no es incorrecta y que estos candados favorezcan la transparencia”, dijo.