El equipo jurídico de Jacinta Francisco Marcial reconoció que a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la mujer indígena otomí, originaria del municipio de Amealco, la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho, hasta el momento, caso omiso de la resolución judicial.
En entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Querétaro, el abogado Andrés Díaz Fernández, integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, reconoció que la PGR se ha mantenido al margen de la resolución que emitió esta misma semana el TFJFA, y la cual obliga a la dependencia federal a emitir una disculpa pública, además del pago de una indemnización por reparación de daño.
No obstante, el abogado manifestó su confianza en que en los próximos días dicha dependencia federal se ajuste a la resolución judicial y acate las disposiciones, las cuales calificó de “históricas”, ya que incluyen a las otras dos mujeres —Alberta Alcatara y Teresa González—, que, junto con Jacinta, fueron encarceladas injustamente durante 39 meses, por el supuesto “secuestro” de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ocurrido el 26 de marzo de 2006.
“Es un hecho que se le causó un daño material y un daño moral a Jacinta, Alberta y Teresa también, y ahora la PGR no solamente está obligada a una indemnización, sino también a una disculpa pública. Ambos preceptos son precedentes históricos para esta dependencia que nunca antes había recibido una indicación tan puntual”, destacó Díaz Fernández.
Además, se puede adelantar que, por seguridad de la propia Jacinta, el monto de la indemnización que recibirá, por el concepto por reparación del daño, no se hará público, confirmó Andrés Díaz, quien recordó que durante todo el proceso se ha buscado brindarle todas las garantías de seguridad que requiere la mujer otomí.
Ya en 2012 la PGR, relató el abogado, intentó “sacudirse” la responsabilidad de reparar el daño causado a Jacinta, por lo cual los abogados del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” acudieron en noviembre de 2013 al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los 11 magistrados que integran la Sala de Pleno tras siete meses de estudiar el caso, decidieron darle la razón a Jacinta y sus abogados y forzar así a que la PGR no sólo repare el daño material, sino también ahora a brindar una disculpa pública, lo cual ayudaría a reparar el daño moral que causó la aprensión de Jacinta Francisco Marcial.
Un aspecto “colateral” derivado de este caso es la exclusión judicial de la que fue objeto el Juez poblano Rodolfo Pedraza Longi, radicado en Querétaro desde hace varios años y quien decretó en 2006 la sentencia de 21 años de prisión para Jacinta, Teresa y Alberta, por el “secuestro” de seis agentes del AFI.
Pedraza Longi buscaba convertirse en Juez de Circuito en Querétaro, sin embargo, ayer por la tarde fue “borrado” de la lista de los aspirantes. No obstante, Rodolfo Pedraza conservará su puesto como Juez Distrital, en la capital del estado, con un salario de 155 mil pesos mensuales.
