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No hay impunidad en el caso del adolescente que mató a un taxista la madrugada del domingo 19 de febrero, cuando ingresó en sentido contrario por bulevar Bernardo Quintana, afirmó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del estado.
Explicó que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio permite que el proceso de sanción puede ser elegido por las víctimas, en este caso, aseguró que hubo múltiples audiencias entre los familiares del joven y del taxista fallecido, así como con otro hombre que resultó herido durante el accidente.
Este lunes se informó que el juez de control otorgó la suspensión condicional con una serie de restricciones a manera de sanción para asegurar que la acción delincuencial en la que incurrió no vuelva a suceder.
Sin embargo, esta resolución ha generado una percepción de impunidad o de falta de castigo, aunque el funcionario recordó que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio las formas de sanción son distintas y no necesariamente se debe seguir el proceso en prisión.
“Debe quedar claro que el sistema de justicia oral no tiene que ver con un tema de impunidad porque se está sancionando, que se sancione de distinta manera a la que estábamos acostumbrados es diferente, hoy la sanción no está en el Estado y no necesariamente es la represión de la cárcel”.
La Fiscalía General del Estado dio cuenta de la resolución del juez de control, que concedió la suspensión provisional del proceso a solicitud de la defensa del imputado; exponiendo que: “La familia de la persona fallecida otorgó el perdón tras recibir una indemnización de 440 mil pesos”.
Que la persona que viajaba como pasajero del taxi, que resultó lesionada, recibió 200 mil pesos y otorgó el perdón; al propietario del vehículo (taxi), además se le restituyeron 61 mil 800 pesos por el monto del valor de la unidad.
Para liberar al menor, se decidió que no debe manejar vehículos de motor, debe ingresar a un programa para prevención y deshabituación del alcohol, residir en el estado, un exhorto a los padres para vigilar a su hijo; además será supervisado por las autoridades.
En caso de que se violenten estas condiciones, se reiniciará el proceso judicial con independencia del resarcimiento de los daños.
“Hoy, la sanción está en manos de las personas afectadas y si ellos optaron, en medio de su dolor, por una reparación del daño inmediato, por dialogar y tener una sesión restaurativa con la familia y el mismo sujeto involucrado, todo lo demás tiene que ver con un tema de conciencia y de trabajo de autoridad y ciudadanía”, agregó.
El 20 de febrero el gobernador, Francisco Domínguez Servién, se declaró a favor de legislar para que se fijen sanciones más severas, en casos como el de este menor de edad; es el segundo que se genera en condiciones similares (conducción en estado de ebriedad e ingreso en sentido contrario) que dejan personas fallecidas.
El mandatario, en ese entonces, pidió que estas conductas —sin importar que sean cometidas por menores— se cataloguen como homicidio doloso; sin embargo, después no quiso declarar sobre el tema.
