Aunque en la reunión con el presidente Peña Nieto se establecieron protocolos de protección a los periodistas en el país, en Querétaro aún se desconoce cuáles son las medidas que se deberán tomar; sin embargo, se acordó que cada gobierno estatal será el encargado de establecer las condiciones que permitan el libre ejercicio de la comunicación.
Así lo expresó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, quien dijo que esperará a que lleguen las instrucciones de la federación para saber de qué forma actuarán.
Reconoció que los crímenes contra periodistas se relacionan con su función en zonas de conflicto.
El 17 de mayo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó los trabajos de la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para anunciar “acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”.
“[Resultó] tenso, muy preocupado el gobierno federal y los estados en donde han sucedido estos lamentables hechos, de su gremio, por cubrir notas de lo que sucede en algunas entidades terminan asesinados y no pueden desarrollar su labor”.
La sesión extraordinaria se convocó tras el asesinato, el lunes 15 de mayo, del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, el sexto comunicador asesinado en lo que va de 2017.
“Llegamos a varios acuerdos, no los tengo todavía, que es hacer un protocolo para los periodistas en cada estado y adhiriéndonos al protocolo federal, que la responsabilidad de los gobiernos es responsabilidad de cada estado. En cuanto tenga el protocolo se los daré a conocer; no nos han pasado el protocolo, espero que en la semana lo tengamos”.
De la reunión emanaron tres acuerdos que deberán aplicar en cada estado de la República.
El primer acuerdo que se estableció el miércoles pasado fue fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; en la actualidad, en el país, hay 538 personas bajo este esquema, 342 defensores de derechos humanos y 196 periodistas.
Un segundo acuerdo fue el establecimiento de un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación, para coordinar las acciones que buscan hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El tercero fue fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, con más personal y mejor capacitación de ministerios públicos, policías y peritos; así como el establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, con el objetivo de impulsar la confianza y la colaboración.